VISTA la grave situación que atraviesa el sistema penitenciario argentino y los reclamos de las personas privadas de libertad, que en las últimas semanas han sido visibilizados a través de una huelga de hambre y protestas en cárceles de la Provincia de Buenos Aires y el resto del país.

Y CONSIDERANDO

Que durante el mandato del Gobierno anterior ha habido un aumento exponencial de la población penal.

Que según la última estadística oficial disponible, a nivel nacional, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018, pasaron de 72.693 a 94.883 las personas detenidas en cárceles federales y provinciales, es decir, un aumento de 23% en solo tres años. (Esto implica una tasa de detención de 213 cada 100.000 habitantes; y en Provincia de Buenos Aires, 308 cada 100.000.)

Que ese aumento fue producido por el endurecimiento de leyes penales y de ejecución de la pena privativa de la libertad y un uso abusivo de la prisión preventiva, sin ningún impacto en la reducción de delito.

Que esas decisiones y políticas produjeron niveles alarmantes de sobrepoblación, lo cual conlleva no solo hacinamiento y violencia, sino condiciones degradantes de vida en el encierro, que se suman a la falta de alimentos, la atención médica precaria, las restricciones en el acceso a actividades laborales, educativas, de capacitación y culturales, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Que el ministro de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno anterior se ha visto obligado a dictar la "Emergencia penitenciaria" en abril de este año.

Que en la Provincia de Buenos Aires, donde se encuentran casi la mitad de las personas detenidas del país, hace una semana y media se inició una huelga de hambre que rápidamente se extendió a todo el país.

Que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, en una resolución fechada el pasado 11 de diciembre, exhortó al Poder Ejecutivo provincial a constituir una mesa de diálogo integrada por los organismos estatales competentes, organismos de derechos humanos y otras entidades y actores/as involucrados con el tema, para avanzar en el tratamiento de la situación carcelaria.

Que en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, el Gobernador Axel Kicillof hizo mención a la falta de alimentos en las cárceles provinciales y se comprometió a atender esta situación junto con las graves condiciones de detención en la provincia.

Que en el mismo sentido, las personas privadas de libertad en estado de protesta están exigiendo a las autoridades provinciales y nacionales abrir mesas de diálogo en todo el país, con la participación de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación; representantes de los mecanismos nacional y provinciales contra la tortura; universidades nacionales; organismos de derechos humanos y agrupaciones de familiares y otras organizaciones sociales con trabajo en cárceles.

Que además de solicitar que se atiendan las cuestiones urgentes, como la falta de alimentos en los penales, las personas privadas de la libertad organizadas están pidiendo que estas convocatorias contemplen la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento y la discusión de una política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos y orientada a la inclusión social, de acuerdo a la Constitución Nacional, las leyes nacionales y tratados internacionales en la materia.

Que los estudiantes de los centros universitarios del Programa UBAXXII están participando de estos reclamos y protestas, incluida la huelga de hambre.

Que este cuerpo se ha manifestado en diversas oportunidades contra las reformas legislativas y políticas regresivas en materia penitenciaria.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

RESUELVE

Artículo 1. Declarar su profunda preocupación por la situación de emergencia que atraviesa actualmente el sistema penitenciario argentino, el hacinamiento, las condiciones degradantes de encierro y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Artículo 2. Expresar su solidaridad con los/as/es estudiantes del Programa UBAXXII en los complejos penitenciarios federales de Devoto y Ezeiza y con todas las personas privadas de libertad que se encuentran en huelga de hambre.

Artículo 3. Apoyar la convocatoria a mesas de diálogo en todo el país para atender las urgencias, evaluar la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento y discutir una política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos y orientada a la inclusión social.

Artículo 4. Poner a disposición los equipos técnicos de investigadores/as y especialistas en el tema de la FFYL, para el relevamiento de la situación, el desarrollo de trabajo de campo y el diseño de políticas, con la participación de la población penal.

Artículo 5. Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires que se expida en el mismo sentido.

Artículo 6. Dar amplia difusión a la presente declaración por canales y medios institucionales. Elevar la presente declaración al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, a la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, a la Dirección del Programa UBAXXII, a los grupos de estudiantes de los centros universitarios de Devoto y Ezeiza. Cumplido, archívese.