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Sobre la situación del Programa UBA XXII en el Centro Universitario Devoto

Publicamos a continuación la respuesta de la dirección del Programa UBA XXII al comunicado emitido por el Servicio Penitenciario Federal, que se reproduce a posteriori, a raíz de la situación existente en el Centro Universitario Devoto.

 

Asimismo informamos que el pasado viernes 5de diciembre se frustró una reunión con el Director Nacional del Servicio Penitenciario, el Sr. Alejandro Marambio, quien había concertado una entrevista con el Director y todos/as los/as coordinadores/as del Programa, y a la que no concurrió argumentando una convocatoria de urgencia del Ministro de Justicia. Los integrantes del Servicio Penitenciario Federal presentes en la reunión manifestaron no tener la información suficiente para dar las explicaciones que se solicitaban. El tema se tratará el miércoles 10 en la reunión del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.

 

Comunicado del Programa UBA XXII:

Universidad de Buenos Aires

Programa UBA XXII

 

El Director del Programa UBA XXII, educación en cárceles, y los coordinadores de las unidades académicas participantes, nos dirigimos a la comunidad con el objeto de manifestar nuestro más enérgico repudio a la campaña de (des)información originada en la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, que busca desacreditar la labor que lleva adelante la Universidad de Buenos Aires en las cárceles federales de la zona metropolitana.

 

Desde hace veinticinco años la comunidad universitaria desarrolla una iniciativa inédita en contextos de encierro, brindando la posibilidad a las personas privadas de su libertad de iniciar o continuar alguna de las carreras de grado ofrecidas o participar de actividades y cursos de extensión universitaria.

 

El Programa UBA XXII se ha convertido en referencia nacional e internacional en la materia, colabora con la posibilidad de acceder a las herramientas que sólo el conocimiento brinda, para consagrar derechos no cercenados por la pérdida de la libertad y que, a su vez, coadyuvan para reducir los conflictos que se pudiesen generar con la vuelta al medio libre.

 

Sabido es que en las cárceles argentinas no se cumple con el mandato de la ley, ni siquiera con lo que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional cuando expresa que: “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.

 

Sin embargo, en nuestras cárceles, lo único que se fomenta es la reincidencia; en ellas se producen delitos diariamente como el que las autoridades penitenciarias pretenden endilgar a la presencia de la Universidad (secuestros virtuales desde la cárcel), o como el investigado por la Justicia Federal y que produjo un allanamiento el día 2 de noviembre pasado en la cárcel de Villa Devoto, porque una organización dedicada al narcotráfico operaba desde el penal, hecho que en nada vincula a la Universidad y que demuestra con palmaria claridad los escasos controles de la administración penitenciaria para evitar la comisión de delitos en todos los espacios a su cargo.

 

Al respecto, nos vemos en la obligación de aclarar lo siguiente:

 

1) Si algún estudiante y/o docente de la Universidad se encuentra acusado de la comisión de un delito, deberá responder individualmente ante la justicia como corresponde. No es la UBA el órgano al que la ley otorga la posibilidad ni el deber de juzgarlo.

 

2) Al día de la fecha el Servicio Penitenciario Federal se ha negado a brindar los elementos que fundan su acusación, que es difundida en tiempo potencial, es decir supuesta. De esta manera, hace imposible la apertura de sumarios administrativos en la Universidad de Buenos Aires, a fin de deslindar o establecer responsabilidades y las posibles sanciones que pudiesen sobrevenir al respecto.

 

3) Como consecuencia de estas acusaciones vertidas en términos posibles, no de certeza, el Servicio Penitenciario Federal sin dar aviso, sin expresar fundamento alguno y rechazando el dialogo con los representantes de la Universidad, suspendió todas las actividades universitarias durante dos días, interrumpió el servicio eléctrico de las computadoras de la Facultad de Ciencias Exactas, para luego trasladar el equipamiento informático de manera inconsulta a un aula acondicionada especialmente con rejas y candados fuera del espacio universitario. Alteraron el lugar físico donde se desarrollan distintas actividades extracurriculares, cursos y talleres organizados por las unidades académicas y distintas expresiones estudiantiles de la Universidad. Suprimieron actividades y visitas, incumpliendo la Resolución ministerial 1527/09 que establece las condiciones para acceder o permanecer a las carreras que la UBA ofrece en el marco del convenio oportunamente suscripto con el Servicio Penitenciario Federal. Durante este tiempo se produjeron distintas irregularidades, como el faltante de una computadora, traslados de estudiantes a otras unidades y de los pabellones de estudiantes a pabellones comunes, entre las más traumáticas. En este momento un grupo de estudiantes del CUD está realizando una huelga de hambre en protesta por estas medidas.

 

Corresponde recordar que la Universidad Pública no es “medicina” contra el delito, y que asumimos el compromiso de trabajar en las cárceles con la firme convicción de que es mejor que exista educación intramuros a que no exista, que la seguridad de los establecimientos penitenciarios es exclusiva responsabilidad de los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y que la investigación de posibles delitos en ese contexto debe ser abordada por el Poder Judicial.

 

Reafirmamos nuestra voluntad para seguir desarrollando las actividades universitarias dependientes del Programa UBA XXII. Para ello solicitamos a las autoridades del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación que informen a las autoridades universitarias los fundamentos para los hechos aquí descriptos y que impongan a las autoridades penitenciarias el deber de facilitar, y no obstaculizar, el cumplimiento de los acuerdos entre ambas instituciones para poder seguir llevando adelante con normalidad, y enmarcadas en la legislación vigente, esta iniciativa educativa de la Universidad de Buenos Aires.

 

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2010

 

Leandro Halperin, Director de UBA XXII – Nair Repollo, Ciencias Exactas – Marcelo Langieri, Sociología - Estela Cammarota, Ciencias Económicas – Juan Pablo Parchuc, Letras – Elena Gomez, Abogacía – Eduardo Gonzalez, Psicología – Liliana Cucut y Paola Calcagno, Ciclo Básico Común.


Más información:
Juan Pablo Parchuc

jparchuc@hotmail.com

 

Notas publicadas sobre el tema:

La autonomía entre rejas

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-155658-2010-10- 25.html

 

Transcribimos el comunicado del Servicio Penitenciario Federal:


El Servicio Penitenciario Federal aclara el porqué de las nuevas medidas de seguridad dispuestas en el CENTRO UNIVERSITARIO DEVOTO

El Servicio Penitenciario Federal aclara a la población en general y en particular a aquellos que invocan defender el derecho a estudiar de los detenidos, que está plenamente garantizando el acceso a la educación universitaria de la población penal dentro del marco de un riguroso respeto a los derechos humanos.

Actualmente cursan 22 internos las carreras de abogacía, sociología, derecho, filosofía y ciencias económicas. Más 40 que se encuentran en el CBC.

Teniendo en cuenta los egresados de la UBA, de los 52 internos que terminaron carreras universitarias en el CUD 48 recuperaron su libertad y, tras ello, 11 (23%) reingresaron luego de cometer nuevos delitos, con lo cual se entiende que criminológicamente, la sola concurrencia a ese espacio académico no garantiza la resocialización que dicen alcanzar muchos de los beneficiados con su concurrencia

Tras los dos allanamientos realizados en el Centro Universitario de Devoto en una misma semana y en el sector en el cual se alojan internos que cursan estudios en la UBA, se encontraron más de 70 celulares, 29 chips y 4 módems, el Servicio Penitenciario Federal dispuso un conjunto de medidas a los fines de evitar que los internos cometan hechos delictivos empleando esas herramientas tecnológicas (secuestros virtuales) como habría quedado comprobado en el expediente judicial.

 

A raíz de los hechos procesalmente acreditados, se dispusieron medidas de control en el Centro Universitario de Devoto, las cuales de ninguna manera afectan las actividades académicas de quienes tienen como vocación estudiar.

 

 

De las investigaciones judiciales surge que:

 

Los celulares ingresarían a través de algunas personas que habitualmente concurren al Centro Universitario Devoto. Entre los comprometidos judicialmente con el ingreso clandestino de celulares se encontraría un docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Estaría acreditado que los internos estaban haciendo secuestros virtuales desde sus lugares de alojamiento y especialmente desde el Centro Universitario Devoto. También que algunos de los visitantes aprovechando la disminución de ciertos controles les facilitaban el acceso a sustancias psicoactivas para consumo.
El personal penitenciario que omitió cumplir con el deber de evitar los ingresos de los celulares y chips fue puesto en disponibilidad.
Tras uno de los allanamientos se inició una nueva causa al interno Diego Sebastián Petrissans, estudiante del Centro Universitario, el que tenía en su poder dos chips y a quien además el Fiscal 15 de Lomas de Zamora lo notificó de la imputación de más de 10 hechos delictivos cometidos a través de celulares en secuestros virtuales.


Buenos Aires, 28 de octubre de 2010

Alejandro César Yapur

Jefe de Prensa y Difusión