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Comunicado del Decano sobre la transferencia de regalías del complejo minero La Alumbrera al sistema universitario

A la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras:

 

Recientemente han circulado mensajes bajo el formato e-mail , carteles en la Facultad , etc. que hacen referencia a mi actuación en la última sesión de Consejo Superior con relación al tratamiento (Expte. 149/2009) de incorporación al presupuesto de la UBA de los fondos provenientes de la aplicación de la ley 14771. Esta ley que data del año 1958 dispuso en su momento la creación de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) para la explotación del yacimiento Farallón Negro-Alto de la Blenda , en la provincia de Catamarca. Para su explotación el YMAD ha creado el complejo minero La Alumbrera para la extracción de cobre y oro, empleando en la actualidad a 1.800 trabajadores. Las utilidades de este ente minero tripartito gestionado por el Estado Provincial, la Universidad Nacional de Tucumán (descubridora del yacimiento) y el Estado Nacional, se destinaron fundamentalmente a la provincia de Catamarca (60%) y a la construcción de la ciudad universitaria de Tucumán (40%). La mencionada ley establece que el 50% de las regalías pueden, en determinadas condiciones, ser distribuidas entre las demás universidades del Estado (artículo 18º, inciso c). Dado que esas condiciones se han dado, puesto que el objetivo de la construcción de ciudad universitaria en Tucumán se cumplió, el CIN (Consejo Inter-universitario Nacional) exigió el cumplimiento de la normativa que implica asignar la parte correspondiente de los fondos hacia el conjunto del sistema universitario.

 

En los mensajes mencionados, como así también en un comunicado que recibí minutos antes del debate, se hacen señalamientos en torno a que dicho emprendimiento minero es altamente contaminante y por ende peligroso para la salud de la población, y como tal repudiable como modelo de desarrollo. En otros informes se asegura que esto no es así, ya que dicho emprendimiento no utiliza en su método extractivo el denominado proceso de cianuración, y que por otra parte el modelo de gestión ambiental utilizado es avalado por organismos de seguimiento internacionales que regulan la actividad. En otros, por último -obviamente de baja estofa en medio de las elecciones-, se pretende ensuciar mi nombre diciendo cosas tales como: "E l decano de Filosofía y Letras Hugo Trinchero votó a favor de recibir el dinero manchado de sangre y residuos tóxicos".

 

En primer lugar creo que corresponde aplicar el sentido común y poder distinguir que una cuestión es el impacto ambiental de la actividad minera cuestionada y otra muy distinta votar la incorporación de fondos transferidos por ley a la Universidad Pública. En este sentido debo decir dos cosas. La primera es que yo voté a favor para que el tema pase a Comisión con el objetivo de que tenga un tratamiento más exhaustivo y pormenorizado (moción que fue desestimada, ya que obtuvo sólo nueve votos) aclarando en esa ocasión que, no obstante, no encontraba argumentos sustentados para no votar la propuesta. Luego de un breve debate la moción de voto por la incorporación de esos fondos se completó con un segundo punto en el cual se encarga al Sr. Rector la formación de una comisión de expertos y especialistas de la UBA en producción minera e impacto ambiental, social y desarrollo sustentable.

 

La moción así presentada y votada fue consistente, ya que se trata de dos temas distintos. Sobre el primero mi posición fue clara: No incorporar ese dinero al presupuesto (que como todo dinero puede ser considerado sucio, o como se lo quiera tildar, ya que hablamos de la madre de las mercancías del sistema capitalista) nos llevaría lógicamente a renunciar al presupuesto mismo de las universidades públicas que, como todos sabemos, se compone de otros dineros procedentes de actividades muy cuestionables . Por ejemplo, el que proviene de las retenciones a la producción sojera, actividad que al incorporar como mercancía estrella de la producción de dicha leguminosa al glifosato no sólo contamina, sino que su expansión hacia los márgenes del espacio agrícola nacional expulsa población campesina e indígena de sus ámbitos de producción y reproducción y, paralelamente, desplaza otros cultivos en las regiones más productivas, poniendo en crisis la capacidad alimenticia de la población como lo demuestran muchos estudios al respecto. Otro ejemplo de ello son los impuestos provenientes del tabaco, entre tantos otros.

 

Se dice y mal informa que este es un fondo de la empresa hacia las universidades. No es así, constituye una transferencia de regalías al sistema universitario impuesta por una ley . Debo señalar que un grupo importante de investigadores, a quienes aprecio y considero referentes importantes de las Ciencias Sociales, firmaron la nota por la no incorporación y en un comienzo me hicieron dudar, al igual que un comunicado de nuestro querido Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, pero con toda honestidad intelectual creo humildemente que en este caso están errados. De todas maneras, el proyecto aprobado plantea la formación de una comisión investigadora formada por expertos en el tema desde las distintas disciplinas involucradas. En ningún momento argumenté en el Consejo Superior que toda actividad humana contamina (algo que es obvio y por lo tanto no puede considerarse un argumento), sino que para analizar el impacto de la actividad la ecuación a considerar no sólo es ambiental sino también social (para ello están las actas). Consejeros investigadores y mejores conocedores del tema que yo fundamentaron sobre el aspecto técnico; desde mi punto de vista la cuestión de si hay o no contaminación que sobrepase los estándares internacionales no es algo sobre lo que pueda especularse, ya que existen organismos que lo hacen y certifican. La cuestión, insisto, es el sinsentido de una no aceptación de incorporación al presupuesto de recursos de un organismo del Estado y establecidos por Ley . Aún más, no es necesario ser especialista en minería para deducir con facilidad a quién se beneficiaría con semejante actitud.

 

Finalmente, me he comunicado con personas competentes que están acercando material para dilucidar la pregunta sobre los niveles de contaminación de esta actividad minera. Llamo en ese sentido a acercarnos sus argumentos y datos al Decanato de la Facultad a todos los interesados, colegas, organismos de derechos humanos y sociales que aporten información en un sentido u otro. El martes próximo en Consejo Directivo propondré formar una comisión ad hoc de trabajo que en un mes recoja toda la información disponible para que el debate adquiera la altura y la honestidad intelectual que requiere la Universidad Pública.

 

Héctor Hugo Trinchero, decano de la Facultad de Filosofía y Letras

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de agosto de 2009