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SEGURIDAD Y MAPAS ONLINE DEL DELITO: LA OTRA CARA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Pedro Fraile

pedrofrl@telefonica.net

 

Quim Bonastra

quim.bonastra@geosoc.udl.cat

Universitat de Lleida

 


Seguridad y mapas online del delito: la otra cara de la participación ciudadana (Resumen)

 

La preocupación por la seguridad y la participación ciudadana se nos presentan, habitualmente, como dos problemas sociales relevantes pero distantes entre sí. Desde las últimas décadas del siglo XX el plan general, como marco de referencia de la intervención urbana, fue entrando en crisis y la planificación se entendió, cada vez más, como un proceso susceptible de variaciones. En tales condiciones la participación ciudadana adquirió una importancia creciente, pero también se convirtió en el argumento para justificar casi cualquier intervención, muchas veces decidida en otras instancias. Al tiempo, en la reflexión sobre el delito se iba construyendo un discurso que lo presentaba como algo insoslayable y, renunciando a profundizar en sus causas, abogaba por la mera gestión de los riesgos.

La confluencia de ambos factores ha propiciado la proliferación de páginas Web en las que, a partir de diferentes fuentes, se cartografían contravenciones, denuncias o desordenes muy variopintos. Tal instrumento se presenta como una herramienta muy potente, fruto de la participación ciudadana, pero encierra grandes peligros que aquí pretendemos desvelar.

 

Palabras clave: Seguridad, mapas online del delito, participación ciudadana


Security and online maps of crime: the other side of citizen participation (Abstract)

 

Concern for safety and citizen participation are usually expressed as two relevant social problems but are far apart from each other. Since the last decades of the twentieth century, the general plan as framework of urban intervention was entering into a crisis and planning was increasingly understood as a process subject to change. Under such conditions, citizen participation became more and more important, but it also became an argument to justify almost any intervention that was often decided elsewhere. At the same time, thinking about crime was building up a speech that was presented as something inevitable and, while refusing to explore its causes, it claimed for mere risk management.

The confluence of both factors has led to the proliferation of web pages in which, from different sources, contraventions, complaints or diverse disorders are mapped. Such an instrument is presented as a very powerful tool, which is the result of citizen participation but it also poses great dangers that we intend to reveal here.

 

Keywords: Security, online crime maps, citizen participation.


 

Introducción

 

Desde ámbitos y discursos bien diferentes se ha afirmado que las cosas suceden cuando han madurado las circunstancias que las reclaman y, al tiempo, aquellas que las hacen posibles. La confluencia de ambas explica, y según algunos determina, su génesis.[1]

 

Hoy, en Internet, podemos encontrar una cantidad enorme de información sobre asuntos variopintos, en ocasiones rigurosa y en otras de dudosa fiabilidad, pero, en muchos casos, con una influencia considerable sobre la vida de los individuos.

 

Casi cualquier gesto de nuestro quehacer diario tiene su imagen en Internet y no es de extrañar que nuestros temores también encuentren su lugar en la red. La seguridad y la participación ciudadana, aunque aparentemente muy alejadas, son dos de las principales preocupaciones de nuestra sociedad y, por tanto, objeto de análisis en las Ciencias Sociales. Ambas pueden ser abordadas desde perspectivas diferentes y a escalas diversas. Cada una de ellas abre una reflexión específica que, en ocasiones, ha sido muy fructífera, pero nuestra intención, en este artículo, es aproximarnos al punto en que las dos convergen.

 

Bajo la denominación genérica de participación ciudadana encontramos actividades muy variadas que, a menudo, han contribuido a propiciar soluciones a problemas que, de otro modo, se hubiesen resuelto de una manera autoritaria o contemplándolos desde una, o unas pocas, perspectivas, renunciando así a entender su complejidad y simplificando las intervenciones conducentes a resolverlos. Algunas actuaciones, en ámbitos tan diversos como el mundo rural, el medio ambiente o la propia ciudad, se han enriquecido frecuentemente con ella.

 

Tampoco debemos olvidar que el rápido desarrollo tecnológico del mundo en que vivimos facilita cada día más que amplias franjas de la población puedan expresar su opinión respecto a diferentes asuntos. Internet o las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han contribuido a ello notablemente y ésta es una realidad reconocida sin ambages en el mundo occidental, aunque no deja de ser significativo el hecho de que tan potentes herramientas se empleen de modo tan irregular.

 

Por otro lado, parece indiscutible que la seguridad es una de las preocupaciones centrales de nuestro tiempo, a escalas bien diferentes. Vivimos en un mundo plagado de guerras, que a menudo contemplamos impasibles en el televisor, pero, a veces, las desigualdades, las injusticias y los resentimientos que están en la base de unos conflictos que creíamos lejanos, irrumpen en nuestras vidas en forma de atentado a las Torres Gemelas o de bomba en un tren que acaba con la existencia de cientos de personas. Entonces, sin que apenas medie una reflexión sobre cuáles son las causas que generan semejantes tragedias, se invoca a la seguridad, como un derecho que hay que proteger por todos los medios y, con demasiada frecuencia, tampoco está muy claro que esperamos encontrar cuando se alcance.

 

Pero también basta con asomarse a los medios de comunicación para percatarse de que la seguridad en nuestras ciudades es un asunto de gran relevancia. Continuamente se hace referencia a ella y, sin analizar lo que sucede a nuestro alrededor, se reclaman videocámaras, más policía o mano dura. Si un médico prescribiese un remedio, sin tener un diagnóstico razonable de la dolencia que pretende atajar, nos parecería un disparate, pero, por el contrario, lo aceptamos como normal cuando se trata de las recetas que prometen devolvernos esa seguridad perdida.

 

El telón de fondo, que enmarca y da sentido a la conflictividad cotidiana, es ese mundo de desigualdades y crispación al que hemos hecho referencia pero, además, en lo próximo, nos hallamos en una ciudad que propicia el conflicto y la confrontación: la ciudad dual de que nos habla Castells (1995). Diferentes autores han mostrado cómo las dinámicas económicas que caracterizan la era de la globalización comportan un cambio en la relación capital-trabajo, que lleva hacia la precarización del empleo y la consolidación de la economía informal, lo que contribuye a que la conflictividad y las confrontaciones se agudicen en nuestro entorno, generando una sensación de inseguridad que no necesariamente obedece al grado de delincuencia.

 

Esta situación ha favorecido, en más de una ocasión, una utilización política de tales temores, difíciles de definir precisamente por su alta carga subjetiva, y han sido el terreno abonado que ha permitido recurrir a una apariencia de participación ciudadana en el momento de abordar el problema.

 

Es en este contexto donde proliferan páginas Web en las que, a escalas diferentes, se cartografía una serie de delitos, lo que obviamente tiene una repercusión considerable en asuntos tan diversos como la valoración subjetiva de un barrio, el uso que se hace de determinados espacios, los lugares que se frecuentan o se evitan o, incluso, puede tener una incidencia notable en el precio de los inmuebles.

 

En estas páginas estudiaremos, en primer lugar, aquellos factores cuya confluencia ha hecho posible su aparición y, a su vez, las ha configurado en sus diversas modalidades, para ello trabajaremos en dos frentes.

 

Por un lado analizaremos el proceso en que se forma el discurso sobre la participación, como elemento importante en la planificación territorial y urbana, entronizándola en el centro de la reflexión sobre la organización del espacio, hasta el punto que se ha llegado a hablar de la construcción social del planeamiento. Esta dinámica, tal como explicaremos, ha servido para justificar la aparición de plataformas en las que, siguiendo criterios muy variados, se puede introducir información sobre diferentes asuntos, entre ellos algunos de los relacionados con la sensación de seguridad.

 

Por otro, mostraremos cómo una cierta reflexión sobre la delincuencia ha llevado hacia estrategias, simplistas desde nuestro punto de vista, de mera gestión de los riesgos y cómo éstas han propiciado ciertas fórmulas, aparentemente participativas, para usar la información que podría tener cierta incidencia sobre los temores de la población.

 

Obviamente, el desarrollo de las TIC ha sido determinante para tales cambios y, aunque esta afirmación no requiera grandes explicaciones, valga un ejemplo para corroborarla: en 2008 la marca de coches Honda ofrecía a sus clientes japoneses la posibilidad de ver a través del GPS instalado en el vehículo los lugares con una alta concentración de delitos. La influencia que tal información tendría sobre el comportamiento espacial de sus usuarios es tan evidente que no necesita comentarios.

 

Estudiaremos, por tanto, la confluencia de estos dos discursos, el que se ocupa de la participación como herramienta de planificación y el dedicado a la gestión del riesgo delictivo y veremos cómo han servido de coartada para poner en marcha un mecanismo tan poco inocente como las Web del delito. Sobre esa base podremos adentrarnos en el análisis de estas páginas de Internet.

 

La participación y la intervención sobre el espacio.

 

El tema de la relación entre la planificación y la participación en la toma de decisiones, lo que se ha solido denominar planificación comunitaria (Community Planning), es de una relevancia social considerable y, lógicamente, desde la geografía, y desde otras disciplinas, se le ha prestado atención[2], a pesar de los recelos que ha despertado con demasiada frecuencia entre los planificadores, que temían ver mermada su autoridad de expertos por las opiniones y deseos de quienes, según ellos, carecían de la formación necesaria para gestionar la intervención territorial. Pero, también en ocasiones, la participación de la colectividad se ha instrumentalizado políticamente y ha servido para legitimar determinadas actuaciones que ya habían sido decididas en otras instancias pero que, de esa manera, aparecían justificadas.

 

Todo ello plantea algunas cuestiones que están estrechamente relacionadas con el tema que nos ocupa en estas páginas. Por un lado, el concepto de comunidad se emplea a menudo sin que medie una reflexión sobre lo que se esconde tras tal término y así se utiliza a veces sin desagregar, presentándola como algo monolítico, de manera que los posibles intereses contradictorios que podrían funcionar en su seno son velados y, en consecuencia, pueden quedar excluidos algunos subgrupos marginados o con escasa capacidad de intervención (Fracasso 2005:59).

 

Por otro, esto nos lleva hacia una cuestión fundamental en relación a lo que se suele presentar como una potente herramienta participativa: aquellos sitios de Internet en los que la población puede colocar información o expresar su opinión. Desde esta perspectiva cabría preguntarse quién interviene activa y realmente en tales lugares y con qué intereses, porque, por lo general, no se trata de una actuación comunitaria, más o menos consensuada, sino que, por el contrario, está notablemente sesgada. El simple hecho de requerir Internet ya condiciona o limita la participación a ciertos sectores, dejando a otros sin voz.

 

Pero, antes de adentrarnos en las páginas Web, parece inexcusable detenerse en cómo la participación ha llegado a formar parte de los procesos de intervención territorial.

 

Algunos teóricos de estas dinámicas, como Campos Venuti (1990), suelen hablar de las diferentes generaciones de la planificación, la primera de las cuales, propia de los años sesenta, tendría como objetivo racionalizar una parte importante de los excesos cometidos en la reconstrucción de la postguerra y, por tanto, sería el fruto de un periodo de crecimiento desorganizado propiciado por las posibilidades y la coyuntura expansiva de aquellos años.

 

En la siguiente década se fue imponiendo una línea reformista, coetánea de las luchas sociales de aquel tiempo que, tímidamente, abrió las puertas a las primeras formas de participación ciudadana y creó las condiciones para la evolución posterior, cuando la idea del plan, como marco de referencia, empiece a entrar en crisis. Esta tendencia apuntaba hacia una cierta descentralización administrativa y abogaba por un uso más equitativo del suelo, así como por una distribución más justa de infraestructuras y servicios. Todo ello en un ambiente de declive del Estado del Bienestar, en gran medida provocado por la crisis de 1973 y sus posteriores secuelas. Tal situación, junto a las transformaciones económicas que caracterizaron los años siguientes, sentaron las bases para los profundos cambios que ya conocemos.

 

Se ha escrito profusamente sobre las dinámicas sociales propias de las dos últimas décadas del siglo XX, sobre el proceso de globalización y sus repercusiones en el aparato productivo y en las relaciones entre el capital y el trabajo, con el crecimiento de la economía informal, la flexibilización del mercado laboral[3] y la precarización del empleo, todo lo cual influye directamente en la propia organización y configuración urbanas, propiciando el incremento de la conflictividad en este ámbito, así como la proximidad espacial de la pobreza y la opulencia, de la necesidad y el despilfarro: la ya mencionada ciudad dual (Castells, 1995).

 

Al tiempo que ésta se polariza hay procesos de suburbanización y un crecimiento descontrolado que acaba haciendo entrar en crisis la idea del plan, como marco de referencia que debe orientar toda la intervención[4].

 

En esta situación, la intervención adquiría, cada vez más, el formato del proyecto ejecutado de inmediato en función de las necesidades de cada momento. Sirva como ejemplo Milán donde, entre 1980 y 1990, se hicieron 121 enmiendas al Plan Regulador General de 1976 (Fracasso 2005:59). Otro caso que podría arrojar conclusiones parecidas, y que ha sido estudiado por Capel (2005), es el de Barcelona, pero no sería difícil encontrar en aquellos años sucesos similares en otros muchos lugares.

 

Tal ambiente de crisis propició la escora hacia la idea del plan estratégico que, a lo largo de los años noventa, fue incorporando entre sus objetivos el de la sostenibilidad lo que, entre otras cosas, implicaba la construcción de una imagen del entorno deseable, lo que requería, de forma inexcusable, la participación de la ciudadanía y, por tanto, la acción interactiva empezaba a cobrar relevancia frente a los aspectos técnicos que, en su momento, habían tenido un peso decisivo y, en gran medida, un talante excluyente.

 

Desde esta perspectiva el proyecto de intervención se empieza a concebir como un proceso, no como algo acabado y definitivo y, en consecuencia, como algo revisable y modificable en función de la evolución de las necesidades. Todo ello refuerza la idea de incorporar la participación como pieza clave en cualquier plan, hasta el punto de que se llega a hablar de la construcción social de éste[5].

 

Sin duda, tal proceso ha enriquecido en muchas ocasiones diferentes tipos de actuaciones territoriales, pero también ha servido para justificar otras, ya decididas, que se han amparado en la argumentación que reclamaba la contribución de la población.

 

En otras palabras, la participación en la planificación es un sistema complejo, que va desde la proposición hasta la evaluación pasando por una serie de estados intermedios, y no solamente un escenario en el que, con objetivos confusos y pobremente definidos, se le pide a la ciudadanía que emita su opinión sobre determinados temas. Patsy Healey (1997) ya planteó hace tiempo que, en la medida en que se hablase de planificación participativa, sería preciso responder a una serie de cuestiones, algunas de las cuales son especialmente relevantes desde la preocupación que anima estas páginas. Por un lado, sería importante saber dónde tiene lugar la discusión y cómo tienen acceso a ella los miembros de la comunidad. En el caso de las Web del delito, que se presentan como una plataforma de participación en torno al tema de la seguridad, pueden caber dudas sobre la calidad del debate o, incluso, si existe tal. Saber quién genera las páginas que son el ámbito de discusión/información sería fundamental para intentar clarificar los rasgos del espacio virtual en el que se interactúa. La pregunta sobre cómo llegan a él los individuos plantea el tema del acceso diferenciado a Internet, así como el de los sistemas de filtrado/configuración de la información que allí se deposita.

 

Otro factor importante es el estilo, o el modo, en que se desarrolla la discusión, puesto que algunos son más capaces que otros, están más abiertos, para admitir o incorporar lenguajes diferentes. Tal asunto no es trivial, puesto que la sensación de seguridad es algo que afecta a sectores sociales muy diferentes, cada uno de los cuales se acerca al fenómeno desde su propia óptica y con sus propios esquemas analíticos e interpretativos, por lo que sería importante generar un tipo de debate capaz de integrar esa diversidad. Veremos en qué medida estas Web del delito son capaces de hacerlo.

 

Finalmente, tal como está planteado este contenedor de información, habría que preguntarse si puede servir para propiciar una estrategia, más o menos consensuada, capaz de dar pie a un discurso operativo. Esta autora presenta, además, otras cuestiones que aquí soslayamos para no desviarnos de nuestro objetivo principal.

 

En resumen, podríamos afirmar que la planificación urbana y territorial ha cambiado profundamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, dando entrada a la participación ciudadana como un factor cada vez más importante[6], lo que, sin duda, ha enriquecido las estrategias de intervención. Pero, a la par, la generalización de este discurso se ha banalizado con demasiada frecuencia, de manera que parece que "todo vale" y no es preciso exigir requisitos rigurosos y razonables a esa participación. Amparándose en razonamientos sensatos, y útiles, se han justificado procesos a los que no se ha pedido ni rigor ni cumplir con unas condiciones mínimas, que además, en ocasiones, se han utilizado políticamente o se han empleado para legitimar actuaciones decididas en otras instancias. Algunas actitudes populistas pueden ser un buen ejemplo de lo que acabamos de decir y, en las páginas venideras, trataremos de desvelar el papel que las Web del delito, presentadas como una herramienta de información y participación, han desempeñado en la construcción de un entorno más seguro y con menos temores.

 

La reflexión sobre el delito

 

Tal como dijimos al principio de estas páginas, estamos convencidos de que los hechos suceden en el momento en que las condiciones para ello han madurado, lo cual suele requerir la convergencia de circunstancias diferentes. Hemos visto cómo la propia evolución del discurso que se ocupaba de la intervención urbana, y su crisis en la década de los ochenta, instauró la participación de la ciudadanía, que ya venía de atrás, en el centro del debate, de tal manera que se ha incorporado, de diferentes maneras, a un gran número de procesos, pero también se ha utilizado para justificar ciertas actuaciones.

 

Paralelamente, se han ido construyendo diferentes reflexiones sobre la delincuencia y la ciudad en las Ciencias Sociales, ya sea en la antropología, la sociología o la geografía, que en algunas de sus facetas propiciaron ese ambiente en el que, más adelante, proliferarán los sitios de Internet que nos ocupan.

 

Hagamos un breve repaso de lo que sucedía en nuestra disciplina. En el momento de la eclosión de la geografía radical, en los años setenta, la geografía del delito ya se estaba cultivando desde las facciones geográficas positivistas. Como explica Hernando (2006a:10), su aproximación a este fenómeno tenía importantes deudas epistemológicas con la escuela de ecología humana de Chicago. Aplicaban sus preceptos metodológicos en el análisis de la delincuencia en diferentes ámbitos urbanos y estudiaban temas como el lugar donde residían los delincuentes o los sitios en los que se producían los delitos. Existía, además, un interés considerable en definir grupos de riesgo y en calcular las probabilidades de ser víctima de un acto delictivo, orientación propia de la lógica actuarial de la que nos ocuparemos más adelante, con lo que se pretendía lograr una mejor gestión de ese síntoma del problema urbano que representaba la delincuencia.

 

En este contexto Richard Peet escribió un libelo contra aquellos a los que calificaba de "geógrafos liberales" (Peet, 1975) argumentando que tenían el legítimo deseo de hacer útil la geografía, aunque con su modo de actuar estaban sirviendo a los intereses de los capitalistas monopolísticos, ya que sus investigaciones conducían a la gestión de los problemas en lugar de intentar solucionarlos. Así, el liberal management approach (Peet, 1975:277), como definía esta aproximación a los fenómenos geográficos, no buscaba mitigar o modificar las causas de la problemática estudiada sino gestionar sus efectos.

 

Por otra parte, se reprochaba a la naciente geografía del delito que se estaba convirtiendo en una geografía de los delitos de las clases bajas, de los delitos callejeros y de los perpetrados por los negros, dejando de lado todos los de cuello blanco. Leamos, a modo de ejemplo, la primera frase del libro de los Brantingham, que sienta las bases de esta corriente: "Un crimen es un suceso complejo. Un crimen ocurre cuando concurren cuatro cosas: una ley, un infractor, un objetivo y un lugar"(Brantingham, Brantingham, 1981). Esta declaración de principios puede parecer inocente, o incluso simplista, pero esconde al menos una trampa, puesto que excluye toda la delincuencia que se suele llamar de "cuello blanco" que, según Peet, traspasaba todos los estratos de las clases altas de la sociedad, leamos sus palabras: "Y los que están en el poder, cometen delitos de cuello blanco, desde el Presidente pasando por los consejeros delegados de las empresas, y los jefes de las agencias gubernamentales, hasta los vendedores no-demasiado-honestos y los agentes inmobiliarios"(Peet, 1975:278).

 

Estas eran las críticas a la línea abierta por estos geógrafos positivistas, pero ¿qué salió de esta escuela radical que tanto la criticó? Por un lado, y desde la propia geografía del delito, toda una serie de trabajos en los que, en mayor o menor medida, se cuestionaba la validez absoluta y objetiva de las estadísticas oficiales al respecto. Por otro lado, y en contraposición a esta metodología cuantitativa, se empezaron a aplicar otras de carácter cualitativo, como las etnografías, la convivencia con los "desviados" o los estudios en detalle. El delito se entendía como una construcción social y las fuentes estadísticas en las que se basaban los geógrafos positivistas también. Conviene, además, no olvidar que, para los radicales, el delito estaba intrínsecamente ligado al control social y para comprender el primero era necesario entender las instituciones propias del segundo y el uso interesado que los grupos sociales dominantes hacían de las normas legales.

 

Ante las aceradas críticas de los geógrafos radicales en los años ochenta, parte de los llamados liberales reorientaron sus trabajos e introdujeron nuevas temáticas que, en parte, habían sido sugeridas por los primeros y así vemos surgir estudios espaciales sobre cuestiones diversas, como aquellos que ven en el crimen y la delincuencia un indicador social-territorial, los que se ocupan de la policía y los mecanismos de control social u otros que tratan el impacto de la delincuencia teniendo en cuenta la estructura social y la composición étnica de diferentes grupos (Hernando, 2006b). De este modo, se fue consolidando la geografía del delito, en la última década del siglo XX, principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido.

 

Al tiempo, en la sociología, o quizás con más precisión en la sociología jurídica, se iba construyendo un discurso que también contribuiría a esta maduración de las circunstancias para la proliferación de nuestras Web.

 

Ya hemos explicado en otros lugares (Fraile, Bonastra, inédito) cómo desde la perspectiva metodológica de la sociedad del riesgo (Beck, 2006), la delincuencia se puede contemplar como un fenómeno consustancial al actual modo de desarrollo pero, partiendo de tal premisa, se pueden articular estrategias diferentes, una de las cuales se sustenta en su aceptación como un fenómeno inevitable y, en consecuencia, la actuación de las diferentes instancias del poder debe centrarse en la gestión de un riesgo que, de todos modos, no se puede eludir.

 

Desde este punto de vista, tal como explica Hebberech (Hebberech, :356), según lo que él llama la teoría neoliberal del delito, su control debería reducirse a una "gestión de riesgos" conducente a su reducción, represión o redistribución, dado que se trata de un fenómeno insoslayable. Se renuncia así a cualquier intento de aproximarse a la comprensión de las causas del problema o al diseño de políticas para actuar sobre ellas. El discurso sobre los factores sociales, psicológicos o ambientales, que generan tal problemática, va perdiendo importancia e, incluso, la justificación de la rehabilitación parece ir quedando atrás, a la par que se difumina.

 

Esta manera de proceder, que consiste en identificar y localizar riesgos, para optimizar su gestión, se ha bautizado con el nombre de "lógica actuarial", porque el actuario es el experto en riesgos y probabilidades que asesora a las compañías de seguros y ayuda al cálculo de las primas. Se trataría, en definitiva, de controlar las manifestaciones externas del fenómeno, interviniendo sobre los factores que pueden incidir sobre el mismo y, aquí, los espaciales pueden desempeñar un papel de la mayor importancia. Parece obvio que, desde esta óptica, la cartografía de la criminalidad, así como el análisis de su estacionalidad o sus franjas horarias, pueden resultar sumamente provechosos, en la medida en que sería una información muy valiosa para esa tarea de gestionar riesgos pero, desde nuestro punto de vista, este tipo de análisis se basa en criterios que pueden conducir al diseño de políticas de intervención erróneas que, en el mejor de los casos, no contribuirían a mejorar la situación o a avanzar hacia un mundo más equitativo y más seguro y, en el peor, cabe la posibilidad de que agraven la situación existente o extiendan algunos problemas[7]. Coincidiríamos, por tanto, en el análisis que presenta la delincuencia como indisolublemente vinculada al actual modo de desarrollo, pero discrepamos del tipo de estrategias o políticas de intervención que se pueden proponer desde la lógica actuarial, por lo que haremos un sucinto repaso de los peligros que encierra este enfoque[8] que, lógicamente, no puede ser exhaustivo, por lo que señalaremos exclusivamente aquellos puntos que tienen mayor incidencia en los asuntos que nos ocupan.

 

Puesto que desde la lógica del seguro es fundamental identificar la fuente de los riesgos, cuando esta premisa se traslada al terreno de la delincuencia se suele traducir en el esfuerzo por definir los colectivos que pueden producirlo, con el consiguiente peligro de estigmatización de ciertos grupos y sus repercusiones negativas sobre cualquier intento de fortalecer la cohesión social.

 

Por otro lado, es práctica habitual de las compañías de seguros tratar de controlar ciertas contingencias de la actuación del asegurado, trasladándole parte de la responsabilidad en el caso de que no cumpla con los requisitos que se le plantean. Del mismo modo, desde la óptica de la lógica actuarial se proponen políticas para que el ciudadano asuma una parte importante de la carga de la prevención, ya sea blindando la puerta de su casa o recurriendo a la seguridad privada. Pero todo ello requiere información y las páginas Web desempeñarán un papel muy relevante en este proceso.

 

Esta manera de entender la delincuencia, o su gestión en la ciudad, ha dado frutos importantes, uno de los cuales, por supuesto, son las Web que nos ocupan, pero además ha servido para articular y guiar intervenciones muy relevantes, como podría ser la de Rudolph Giuliani como alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, que se ha convertido en ocasiones en la pauta a seguir, sin  tener en cuenta algunas de sus consecuencias.

 

Como es bien sabido, su manera de proceder se basaba en la conocida teoría de las "ventanas rotas"[9] que, de manera sucinta, se podría resumir en los siguientes términos: los pequeños actos de desorden o desobediencia crean un ambiente que propicia las contravenciones, generándose de ese modo una espiral cuyas manifestaciones finales son la violencia y el delito. Desde este punto de vista es crucial combatir el problema desde sus orígenes, de ahí la necesidad de recurrir a lo que ha dado en llamarse "Tolerancia 0"[10], es decir, una represión abierta y continua de todos los pequeños actos que puedan contribuir a crear esa sensación de desorden o de aparente falta de control. Desde esta perspectiva será muy bien recibida toda la información que localice sobre un mapa este tipo de hechos, ya sean delitos conocidos, supuestos, relatados o actividades que, sin serlo, pueden molestar a quien denuncia, amparándose siempre en esa lógica de la vigilancia para la construcción de un entorno de orden y supervisión.

 

Las páginas Web del delito

 

Tal como hemos dicho, desde finales del siglo XX se ha venido construyendo  una reflexión compleja que coloca la participación ciudadana en el centro de las estrategia de intervención pública, hasta tal punto que ésta parece legitimar casi cualquier actuación, de tal modo que una actividad que se presente como relacionada con la opinión expresada por un sector de la ciudadanía se puede calificar de participativa y, en consecuencia, hay que considerarla justa y difícilmente criticable. El discurso populista en torno a aspectos de la vida social, como la conflictividad o la inseguridad, es un buen ejemplo de lo dicho. Así, el recurso a la supuesta opinión de la mayoría, expresada a veces por caminos tortuosos y poco claros, es el argumento infalible para legitimar casi cualquier intervención en ámbitos muy diferentes.

 

Al tiempo, se ha ido configurando una reflexión que da por sentado que frente a la delincuencia no hay más solución que la represión y, por tanto, la tarea de las diferentes instancias del poder se ha de limitar a la gestión de los riesgos, interviniendo en lo pequeño y cotidiano.

 

La maduración de ambos discursos había creado las condiciones para plantear la conveniencia de la recogida general, y a menudo poco filtrada, de información sobre delitos o sobre aquellas actividades que pudiesen contribuir a generar cierta sensación de desorden.

 

Las TIC desempeñaban ya un papel importante en la sociedad de finales del siglo XX, estaban, por tanto, creadas casi todas las condiciones para la aparición de tan peligrosa herramienta. Por poner un ejemplo, entre otras agencias gubernamentales, desde 1995 el  estadounidense F.B.I. publica en la red las estadísticas criminales de todo el país dentro del programa UCR (Uniform Crime Reporting), creado en 1930 por la International Association of Chiefs of Police. En 2004 se acuñó el término Web 2.0 que hace referencia a aquellas nuevas aplicaciones Web en las cuales los usuarios pueden interactuar con otros para intercambiar información. El término aparecía en contraposición con las Web de contenido estático, modificable solamente por sus administradores. Esta interactividad se consigue con aplicaciones diversas, como las wikis, los blogs o las redes sociales, pero, desde nuestra perspectiva, son especialmente relevantes los mashup, un aplicación Web en la que se usan y se combinan datos de dos o más fuentes externas para crear un nuevo servicio y, de entre ellos, los mashups de Google Maps o de Yahoo, que permiten georeferenciar cualquier tipo de información por los usuarios de Internet.

 

El objetivo que perseguimos con este análisis es establecer unas líneas generales que sitúen el problema de las Web del delito y que, por tanto, sirvan para orientar investigaciones posteriores, que podrían centrarse en aspectos concretos como las características propias de ciertos ámbitos territoriales o el estudio de las diferentes categorías que cabría establecer en función de rasgos como las fuentes que utilizan, las instituciones que las promueven, el grado y el tipo de participación, los filtros que establecen u otras características que propiciasen su clasificación.

 

Para ello hemos hecho una relación amplia de estos sitios de Internet. No se trata de un vaciado exhaustivo[11], que desbordaría los límites de este trabajo y, sobre todo, que aportaría poco para conseguir los fines que hemos señalado, pero es bastante más que una simple muestra, ya que hemos trabajado sobre unas 150 páginas de ámbitos territoriales y formatos bien diferentes, lo que nos ha permitido extraer conclusiones respecto a sus principales atributos, sus funciones y, tal como hemos dicho, sentar así las bases para investigaciones específicas, ya sea por categorías o por áreas geográficas. Por el momento nos hemos conformado con extraer datos acerca del país de orígen de estas páginas, del tipo de organizaciones o de entidades que las impulsan, de la o las fuentes de información que utilizan, de la unidad territorial a la cual hacen referencia, de los tipos de delito que muestran y de la estética y la iconografía que utilizan.

 

Los países de origen

 

Sin duda, el país abanderado en la realización y puesta en marcha de este tipo de mapas on-line es Estados Unidos de América, que copa más de dos tercios de las ciento cincuenta páginas consultadas. De todos modos, podemos adelantar con poco margen para el error que, en el caso de hacer un censo, el porcentaje se elevaría aún más. Lo que podemos afirmar sin ambages es que se trata de un fenómeno que pertenece predominantemente al mundo anglosajón, puesto que el Reino Unido es el país que le va a la zaga, aunque con una diferencia notable. Australia es el siguiente, pero todos los mapas que hemos hallado de este país provienen del concurso nacional de aplicaciones mashup (http://mashupaustralia.org) organizado por la agencia estatal Government 2.0 Taskforce. En cualquier caso no deja de ser interesante el hecho que 11 de los 82 participantes diseñaran mapas online del delito, entre ellos uno de los dos ganadores. A continuación, a una cierta distancia, encontramos el Canadá anglófono, cuyas páginas provienen, sobre todo, del centro-oeste. En cuanto al resto hay que señalar que la Europa continental está infrarrepresentada a pesar de que, a priori, por su capacidad de acceso a Internet era presumible que contara con un número importante de mapas. Por el contrario, comparativamente en latinoamérica nos encontramos con una sobrerrepresentación, si atendemos al argumento que nos hacía esperar un número más elevado en Europa.

 

Los titulares de las páginas Web

 

Una de las grandes preguntas que nos planteábamos al acometer esta investigación, era quién estaba detrás de estos mapas on-line del delito. Por el momento podemos adelantar que en la mayoría de los casos, especialmente en los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, se trata de departamentos de policía de diferentes ciudades o de agencias gubernamentales relacionadas, de algún modo, con el control de la delincuencia. Como ya han argumentado otros autores (Rose, 1999:145), en esta etapa de liberalismo avanzado en la que estamos inmersos, se hacen cada vez más fuertes las voces que reclaman la responsabilización de los ciudadanos frente a la creciente limitación de los estados a la hora de garantizar la seguridad lo que, además, se había convertido en el principal argumento de su legitimación. Por eso no es raro que sea en estos países, y sobre todo en los Estados Unidos, donde antes y de una manera más intensa se esté empezando a traspasar a la ciudadanía parte de la custodia de la seguridad[12], como también sucede en el campo de la salud. Siguiendo esta lógica, tampoco extraña que, en importancia, la segunda categoría de titulares de mapas online del delito sea la prensa, que con la titularidad de algo más de una quinta parte de los mapas se convierte, por una parte, en el vocero del nuevo status quo y, por otra, consigue pingües beneficios gracias a la publicación de noticias truculentas y, simultáneamente, la promesa de obtener la panacea de la autoprotección mediante la información ofrecida. Está claro que en las sociedades donde lo público es cada vez más débil, lo privado va ganando importancia y ocupando el espacio liberado por el aparato estatal.

 

El tercer tipo de titular de estas Web, siguiendo relativamente de cerca a la prensa, son las empresas que podemos denominar como tecnológicas, las cuales, ante el agujero que se abría, en el mercado han actuado en distintas direcciones. Unas han vendido directamente sus servicios a las agencias encargadas del orden público, quedando en un segundo plano en lo que a titularidad se refiere, otras han diseñado y editado sus propias Web en las que se ofrecen, además del mapa on-line de delitos para ciertas unidades espaciales de referencia, servicios a departamentos de policía o a la misma prensa. Un buen ejemplo de esto último son respectivamente los portales Crime Reports[13], Crime Mapping[14] y SpotCrime[15].

 

Otros mapas nacen como fruto de la colaboración entre diferentes agencias públicas de seguridad y empresas, un buen ejemplo de ello es la página de Chicago de la red Bandit Tracker (http://bandittrackerchicago.com/), especializada en sospechosos de atraco, en la que están implicados el F.B.I, el Sheriff del condado de Cook, el Departamento de Policía de Chicago y diferentes bancos que operan en la zona.

 

 

 

Figura 1.- New York City Homicides Map del periódico The New York Times

Fuente: http://projects.nytimes.com/crime/homicides/map

 

Finalmente, encontramos otros responsables como, en orden decreciente de importancia, los particulares, algunos de los cuales utilizan como argumento para la puesta en marcha de su Web el haber sufrido algún delito[16]; las ONG de defensa de los derechos y la seguridad del los ciudadanos, que hemos encontrado sobre todo en Venezuela (http://quieropaz.org/) y en Chile (http://www.victimas.cl/); o partidos políticos a través de fundaciones, como podemos ver en Argentina con el Mapa de la Inseguridad (http://www.mapadelainseguridad.com/), puesto en marcha por Francisco de Narváez, diputado nacional de la Unión Celeste y Blanco por la Provincia de Buenos Aires, que ha hecho de la inseguridad su caballo de batalla electoral. Por su parte, el gobernador de la provincia de Mendoza por el Partido Judicialista había utilizado la carta del mapa del crimen de la provincia en su campaña en 2007, aunque hasta el momento no ha visto la luz[17].

 

Esta variedad de titulares es coherente con esa tendencia de transferir la responsabilidad de la propia seguridad a los ciudadanos, característica de la lógica actuarial. Así, se podría afirmar, al menos en Estado Unidos y en Inglaterra, que la primera etapa de este proceso ya se ha concluido, con la masiva incorporación de cartografía online del delito por parte de organismos oficiales realizada a distintas escalas territoriales, y con la prensa que actúa en el proceso como amplificador de esta necesidad de protegerse[18]. A la vez se va esbozando aquello que podría definirse como una segunda fase en la evolución de este fenómeno, con la aparición, por una parte, de Web realizadas por particulares que insisten en esa necesidad de gestionar ellos mismos su propia seguridad, lo que entronca con el tema de la participación ciudadana, y por otra parte, de empresas que de manera privada van a usar y proporcionar la información que, desde la perspectiva actuarial, sería fundamental para el ciudadano.

 

De todos modos, las Web puestas en marcha por particulares no dejarán de ser un fenómeno residual que, de algún modo, ayudará a marcar la tendencia, pero es bastante improbable que tengan un peso decisivo. Serán las empresas privadas las que tomarán el timón y acapararán la cuota mercado liberado por el Estado, ofreciendo a la ciudadanía tanto la información pertinente como las prestaciones adicionales que cubran los vacíos que dejan los servicios públicos de seguridad.

 

¿Qué es lo que realmente se está cartografiando?

 

El mayor problema que los investigadores nos encontramos al trabajar sobre la delincuencia es el de contar con información fiable sobre el tema. Debemos ser conscientes de que no existe una correlación absoluta entre los datos supuestamente "objetivos", es decir la cifra, y la realidad de la delincuencia que, como ya hemos mostrado en otros textos, es mucho más amplia y multiforme. Por un lado, la mayoría de los registros policiales son fruto de una denuncia, lo que comporta que, lógicamente, una parte importante de los cometidos no aparezca en las bases de datos y, además, se desconozca su desviación respecto del total. Por otra parte, conviene recordar que no todos los hechos denunciados representan casos reales de delito, cosa que añade una nueva fuente de distorsión de la realidad, pero estas no son las únicas. En tercer lugar está el hecho de que algunos, como los tipificados como contra la salud pública, se suelen perseguir de oficio, lo que produce de nuevo una desviación respecto de la realidad, puesto que la decisión de dónde se debe actuar dibuja el mapa. Finalmente, debemos recordar que las mismas bases de datos de la policía no siempre contienen información del todo completa, puesto que una parte se pierde por el camino y otra no es cartografiable a causa de su imprecisión[19]. Es por ello que debemos tomarnos la cifra oficial de delitos como un mero indicador que nos habla de lo que sucede y de las estrategias diseñadas desde diferentes instancias del poder.

 

Existe, además, otra tergiversación en el propio proceso de cartografiar, pues éste implica necesariamente un reduccionismo que, entre otros, Beaude ha estudiado para estos mapas. Este autor analiza el caso del Metropolitan Police Service de Londres (http://maps.met.police.uk/), en el que se suele ver un centro congestionado de delitos frente a una periferia con menos casos, cosa que no deja de ser tramposa, puesto que los boroughs (distritos municipales) con una mayor densidad de delitos son también los más concurridos y, por el contrario, si lo comparamos con otras áreas de la ciudad, son los lugares en los que las probabilidades de ser víctima de un delito son menores. Como ya hemos dicho en otros textos (Fraile, Bonastra, inédito), es importante relacionar los datos delictivos con otros como los socioeconómicos, los demográficos o las funciones urbanas imperantes, para ser capaces de penetrar en la realidad de un modo más certero. Conviene añadir que en el caso del Reino Unido esta distorsión se vuelve más intensa, si cabe, que en la cartografía realizada en otros países. La prohibición que existe en este país de mostrar el lugar exacto donde se ha producido un delito[20] obliga a utilizar mapas de coropletas en lugar de los de puntos que se suelen usar en este tipo Web, lo que supone una presentación de los datos agregada por zonas en tres escalas, sub wards (subdistritos electorales), wards (distritos electorales) y boroughs (distritos municipales), lo que, a pesar de los mecanismo correctores, como relacionar el número de delitos con el número de habitantes, resta legibilidad a esta cartografía.

 

Pero además, una última distorsión está producida por la elección de los delitos que se muestran. Los mapas, sintetizando la realidad deberían facilitar su comprensión, pero en el caso que nos ocupa la elección de los delitos que se van a cartografiar no se puede considerar inocente. Está claro que no se pueden representar todas las contravenciones tipificadas en el código penal, puesto que esto restaría legibilidad, pero en general, y a grandes trazos, en este tipo de mapas online solamente se muestran aquellos delitos que producen más alarma social, como asesinatos, atracos, robos en viviendas, incendios provocados o tráfico de drogas. Todo ello no hace sino añadir ruido al ya de por sí distorsionado panorama que estamos mostrando. Y más aún cuando estos delitos no están definidos por parte de los responsables de la página, lo que hace que cada usuario los interprete a su manera ya que, en muchos casos, bajo una denominación genérica se agrupa una serie de delitos que guardan una cierta relación entre sí, sirvan de ejemplo términos como drogas u ofensa sexual.

 

 

 

Figura 2.-Metropolitan Police Crime Mapping de la ciudad de Londres

Fuente: http://maps.met.police.uk/

 

Hechas estas consideraciones cabe afirmar que alrededor de las tres cuartas partes de las Web examinadas se apoyan directamente sobre registros policiales, cifra que se eleva si le añadimos aquellas que utilizan la estadística policial de modo indirecto, es decir, los mapas que aparecen en la prensa digital y que usan la cifra oficial del delito después de aplicarle el criterio periodístico de relevancia de la noticia.

 

En segunda posición encontramos aquella cartografía realizada únicamente a partir de la información introducida por los usuarios, la cual representa, aproximadamente, el 10 % del total, porcentaje que aumenta si le sumamos las que, además de los datos de los usuarios, usan como fuente de información los registros policiales o las noticias aparecidas en la prensa o una mezcla de los tres. Las página que se basan exclusivamente en la información de usuarios son diversas, por un lado tenemos aquellas cuyos titulares son ONGs o diversas asociaciones de tipo político o social, como la venezolana Quieropaz (http://quieropaz.org), la chilena regentada por la Organización Víctimas de la Delinuencia (http://www.victimas.cl), y la politizada Mapa de la Inseguridad de Buenos Aires (http://www.mapadelainseguridad.com), por otro lado, aquellas cuyo titular es un particular, como ocurre con el Saint Elmo Crime Map de Tennessee (http://www.kubilus.com/crimemap/index.php) o el Mapa del Delito de la Provincia de Mendoza (http://www.elmapadeldelito.com.ar/).

 

Otra posibilidad es el recurso a fuentes diversas y su modelo más emblemático es la página de la compañía estadounidense Spotcrime que utiliza datos de departamentos de policía, de la prensa y de los usuarios. Según se desprende de su blog, esta información se encuentra en proporciones variables según el punto geográfico que se esté consultando, puesto que no todos los departamentos de policía, de las ciudades sobre las cuales se ofrecen mapas del delito, colaboran con este portal.

 

Finalmente, otras páginas utilizan como fuente de información los datos aparecidos en la prensa, cosa que desvirtúa aún más la veracidad de este tipo de cartografía, puesto que, como sabemos, la prensa no publica todos los eventos delictivos que se producen.

 

La estética de la seguridad y del peligro

 

Hasta hace bien poco los mapas eran un instrumento técnico que, a pesar de su difusión con del boom del turismo de masas, tenían un uso relativamente limitado. No hace falta insistir mucho en que la eclosión de las nuevas tecnologías, y especialmente de Internet y de la Web 2.0, ha generalizado entre la población profana el uso de mapas electrónicos, desde el cada vez más extendido navegador GPS para los coches hasta la ilimitada cartografía que encontramos en la red. A pesar de su creciente uso y difusión, la cartografía digital online, y sobre todo la que aquí interesa, suele ser muy simple y comprensible para el común de los usuarios de Internet, como es habitual en casi todo aquello relacionado con la Web 2.0 en la que la expertise se ve empalidecida frente a la publicación en masa de información por parte de diletantes.

 

Como sabemos, un mapa es un sistema simbólico en el que la plasmación de los eventos se hace de manera arbitraria, aunque con el tiempo se hayan convertido en convenciones. Lo mismo ocurre con los mapas online del delito que hemos analizado, los cuales se nos presentan, en algunos casos, con una estética tremendista que contribuyen a la connotación negativa de los lugares cartografiados. El mapa, como representación de la realidad, nos da una visión simplificada de la misma y si sumamos a este hecho la utilización tendenciosa de iconografía nos damos cuenta de que la distorsión de la realidad se vuelve aún mayor. No debemos olvidar el impacto que estos mapas pueden tener en la percepción de seguridad de los usuarios que los consulten y de la influencia que esto ejerce sobre su conducta espacial.

 

 

 

Figura 3.-CrimeView Community - Lincoln Police Department

Fuente: http://ims.lincoln.ne.gov/CrimeViewCommunity/default.asp

 

Antes de continuar conviene decir que la mayor parte de las páginas Web consultadas mantienen una estética más o menos neutra, parecidos a los clásicos mapas de chinchetas, en los que a cada punto corresponde una entrada, utilizándose, en ciertos casos, distintos colores para cada tipo de delito. En las antípodas de estos mapas que, al menos en su estética, son inocuos, y en algunos casos incluso infantiles, encontramos aquellos que utilizan iconos que pretenden representar los delitos que cartografían. Así podemos encontrar Web que utilizan una iconografía que en algunos casos no dista mucho de la estética de los comics, donde se representan los delitos de manera un tanto exagerada (Wallace, 2009:8-15), lo que contribuye a la formación de una imagen dramática de la realidad. Así, las jeringuillas se suelen usar para marcar aquellos relacionados con las drogas, las pistolas o el icono que simboliza una mira telescópica sirven para las armas de fuego y, en algunos casos, para las armas en general; el bote de spray que utilizan los grafiteros suelen designar el vandalismo, cabezas encapuchadas el robo con intimidación o un coche con los cristales rotos el robo en interior de vehículos o, simplemente, el robo de vehículos.

 

Conclusión

 

Tal como avanzábamos al principio de estas páginas, hemos mostrado cómo la convergencia de diversas circunstancias ha hecho posible la proliferación de las Web del delito, donde se cartografían hechos diversos y que se suelen presentar como una herramienta de la participación ciudadana para avanzar hacia un supuesto entorno más seguro.

 

Por un lado, en las últimas décadas del siglo XX, la idea del plan, como marco regulador de las intervenciones urbanas, fue entrando en crisis y la planificación, cada vez más, se concebía como un proceso inacabado que se podía ir modificando según las necesidades de cada momento. Al introducirse el concepto de la sostenibilidad se precisaba ir construyendo una imagen del entorno deseable, lo que reforzaba la idea de la participación que ya se venía barajando desde los años setenta, hasta el punto que se llegó a hablar de la construcción social del plan.

 

Sin duda, esta dinámica enriqueció multitud de proyectos y actuaciones, pero también se instrumentalizó políticamente y sirvió para legitimar decisiones que se habían tomado en otros lugares. Tal como hemos dicho, el discurso populista, sobre diversas cuestiones sociales, puede ser un buen ejemplo de lo dicho.

 

A la par, tanto en la geografía como en la sociología jurídica, o en otras disciplinas, se consolidaba una reflexión sobre el delito y su relación con la ciudad. Hubo posiciones antagónicas en ocasiones, pero aquí nos ha interesado hacer hincapié en lo que se denominó la lógica actuarial, por su relación con el desarrollo de instrumentos como las páginas Web del delito. Desde esta perspectiva, las contravenciones a la normativa vigente son un fenómeno insoslayable y, por tanto, parece poco relevante meditar sobre sus causas o sobre los factores que podrían incidir sobre ellas. En consecuencia, la labor fundamental debería consistir en la gestión del riesgo para minimizarlo, encauzarlo y controlar sus efectos.

 

La confluencia de ambos discursos, el que se ocupa de la participación y aquel que propone una política de gestión de los riesgos, propició la aparición de una cartografía en la red, en la que, diferentes entidades responsables, colocaban sobre el mapa incidencias diversas, que iban desde ciertos delitos (que es lo más habitual) hasta conflictos o sospechosos de hechos que nadie había comprobado. La repercusión sobre los comportamientos espaciales de la población es tan obvia que no precisa comentarios.

 

Hemos trabajado sobre 150 páginas, lo que no es un censo exhaustivo pero supera ampliamente una muestra de dudosa representatividad, con la intención de aclarar el camino y sentar las bases para ulteriores investigaciones sobre un fenómeno en expansión que tiene, y tendrá, una influencia muy notable sobre la sensación de seguridad de la ciudadanía y sobre sus usos del espacio.

 

De momento estas Web son mayoritariamente anglófonas, siendo Estados Unidos el país con un número mayor, al que siguen Gran Bretaña, Australia y Canadá. Europa está escasamente representada, si consideramos su alto nivel de acceso a Internet y, por el contrario, Iberoamérica tiene, a pesar de sus posibles limitaciones en este sentido, una cuantía considerable, algunas de ellas con un sesgo político y populista.

 

Hemos detectado diferentes titulares, que van desde organismo públicos relacionados con la seguridad y la delincuencia hasta empresas de tecnología  que ofrecen esta información y, en muchas ocasiones, los servicios complementarios para avanzar hacia esa supuesta seguridad que se postula. También algunos medios de comunicación mantienen estas Web, por lo general con datos policiales que pueden ser filtrados en función de la relevancia de la noticia. Por supuesto, no faltan aquellas que combinan diferentes titulares y otras que dependen de instituciones variopintas o de particulares que, por lo general, responden a unos intereses muy concretos.

 

La principal fuente de información suelen ser las bases de datos de diferentes entidades gubernamentales pero, como ya hemos dicho, esto encierra la trampa de llevar hacia el equívoco, al acabar confundiendo esta información con la realidad delictiva, de la que dista enormemente. Si este problema ya de por sí es grave, por las actitudes territoriales y los temores que genera, la situación empeora en aquellos casos en que, precisamente en nombre de la participación, cualquier individuo puede colocar lo que le parezca en tales plataformas, sin que exista ninguna criba ni sistema de verificación de lo representado.

 

En aras de la participación y de la seguridad, por tanto, se está potenciando un instrumento, muy fácil de manipular con intencionalidad política, que tiene unas repercusiones enormes sobre la vivencia del entorno y los comportamientos espaciales. Y más aún cuando, cada vez en más países, se están formando grupos ciudadanos de vigilancia que responden a la denominación de neighborhood watch, organizados desde instancias tanto públicas como privadas, y que encuentran en la red un herramienta imprescindible para el desarrollo de sus actividades y en las que los mapas online del delito tiene la mayor importancia. Por todo ello parece imprescindible profundizar en su análisis para lo que hemos intentado crear las bases con este artículo.

 

Notas

 



[1] Este artículo procede de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación que lleva por título Delito, conflicto, seguridad y paisaje urbano en ciudades intermedias de Cataluña: los casos de Gerona, Tarragona y Lérida (CSO2008-02746GEOG).

 

[2] Hay un análisis bibliográfico y bibliométrico del mayor interés, sobre estas cuestiones, en FRACASSO, L. Planificación comunitaria y participación en los procesos de decisión: categorías de análisis y argumentos. Biblio 3W, 216, marzo 2000. También es fundamental su tesis doctoral FRACASSO, L. La participación en los procesos de planificación. Los casos de la Agenda 21 de Cartagena de Indias y del Parque del Montseny. Universidad de Barcelona, 2005 (inédita).

 

[3] La literatura sobre estos asuntos es abundante, pero aportan ideas interesantes en torno a nuestras preocupaciones Castells: 1995, capítulo 4; BECK, U. Un nuevo mundo feliz: La precariedad del trabajo en la era de la globalización. Barcelona: Paidós, 2000.

 

[4] Sobre los avatares del planeamiento urbanístico es interesante FONT, A. (coord.). Planeamiento urbanístico: de la controversia a la renovación. Barcelona: Diputación de Barcelona, 2003.

 

[5] Sobre los rasgos de este nuevo estilo de planeamiento se puede ver BELIL, M. La ordenación de las áreas metropolitanas europeas. In FONT, A. (coord.). Planeamiento urbanístico: de la controversia a la renovación. Barcelona: Diputación de Barcelona, 2003, p. 21-36.

 

[6] Hemos dejado al margen, en este artículo, el tema de la gobernabilidad, porque nos hubiese alejado de los fines que perseguimos, pero vale la pena mencionar el siguiente trabajo: FONT, J. (coord.). Ciudadanos y decisiones públicas. Barcelona: Ariel, 2001.

 

[7] Se han analizado las consecuencias sociales y territoriales, de ciertas intervenciones policiales estrictamente represivas, en FRAILE, P. La percepción de seguridad: entre el delito, el conflicto y la organización del espacio. Scripta Nova, vol. XI, nº 245(62), 2007. [En línea] http://www.ub.es/geocrit/sn/ sn-24562.htm

 

[8] Hay un planteamiento global de este asunto en REICHMAN, N. Managing crime risks: toward and insurance based model of social control. Research in Law, Deviance and Social Control, nº 8, 1986, p. 151-172. También es interesante y con un buen resumen de las limitaciones de la lógica actuarial DOMÍNGUEZ, J. L., RODRÍGUEZ, A. Lógica actuarial, seguridad y sistema de justicia. En da AGRa, C. et al. (eds.) La seguridad en la sociedad del riesgo, 2003, p. 329-351.

 

[9] WILSON, J. Q., KELLING, G. L. Broken Windows. The Atlantic Monthly, 249, (3), 1982, p. 29-38. Sobre esta cuestión tiene interés FRAILE, P. Represión y conflicto en la sociedad globalizada. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2008, vol. XII, núm. 270 (11). [En línea] http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-11.htm

 

[10] Sobre esta política es interesante ROCHÉ, S. Tolérance zero? Incivilités et insecurités. Paris: Odile Jacob, 2002.

 

[11] Nos hemos centrado, básicamente, en aquellas Web que se presentan en idiomas que están a nuestro alcance, por lo que hemos dejado de lado las que están en ruso, chino, japonés, griego y, quizás, alguna otra lengua que escapa a nuestra comprensión.

 

[12] En el apartado de preguntas frecuentes de la Web de CrimeReports (http://www.crimereports.com/faq) a la pregunta: "Does Crime Reports reduce crime?", encontramos la respuesta siguiente: "Although no formal, third-party study has been commissioned, there is anecdotal evidence to suggest that public-facing crime mapping—by keeping citizens informed about crime in their area—helps them be more vigilant and implement crime prevention efforts in their homes, workplaces, and communities".

 

[13] http://www.crimereports.com

 

[14] http://www.crimemapping.com

 

[15] http://www.spotcrime.com

 

[16] "This is a project born out of two stolen car radios. Both were mine; from the same car, in two locations two years apart" afirma el titular del Grand Rapids Crime Map (Michigan) (http://crime.eccesignum.org/).

 

[17] BARROS, C. El mapa del delito recibe más de 500 visitas por día. Los Andes online, 22 de enero de 2009. [En línea] <http://www.losandes.com.ar/notas/2009/1/22/sociedad-404319.asp>.

 

[18] Wallace resume este cambio del cometido de la cartografía en la siguiente frase: "Whereas maps have historically played a role in the bureaucratic ordering of citizens by the state, digital crime maps have become a tool for citizens to protect themselves in a project for the ‘common good'". WALLACE, A. Mapping City Crime and the New Aesthetic of Danger. Journal of Visual Culture. vol. 8, nº 1, 2009, p. 5-24, p. 8.

 

[19] Como ejemplo de todas estas imprecisiones consúltese el descargo de responsabilidad (disclaimer) publicado en la página Web del departamento de policía de Houston antes de acceder al mapa online del delito (http://mycity.houstontx.gov/crime/disclaimerPage.aspx). En el texto se admite que los datos pueden reflejar información no verificada a través de una investigación, información que puede incluir errores mecánicos o humanos, o clasificaciones de delitos preliminares que, después de la investigación podrían cambiar. Además, ni la ciudad de Houston, ni su departamento de policía garantizan la exactitud, compleción, temporalidad o correcta secuenciación de los datos y alerta contra el uso de éstos para tomar decisiones o hacer comparaciones relacionadas con la seguridad o la cantidad de delitos que ocurren en una determinada área. En el mismo sentido el titular del Mapa del delito de Mendoza (Argentina) escribe en su descargo de responsabilidad: "Daniel Molina, fundador de elmapadeldelito.com No es responsable de la veracidad ni el contenido de las marcas publicadas". (http://www.elmapadeldelito.com.ar/)

 

[20] Según la Data Protection Act de 1998 y la Freedom of Information Act de 2000.

 

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Referencia bibliográfica

 

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