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Actas del XI Coloquio Internacional de Geocrítica

LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y EL URBANISMO DESDE EL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN

Buenos Aires, 2 - 7 de mayo de 2010
Universidad de Buenos Aires

 

El rol de los espacios públicos en los barrios suburbanos de la ciudad de Mendoza.

Pablo Rizzo

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

rizzopabloar@yahoo.com.ar

 


El rol de los espacios públicos en los barrios suburbanos de la ciudad de Mendoza (Resumen)

El contexto del actual proceso de fragmentación que se produce en el área metropolitana de la ciudad de Mendoza suele mostrar el destino poco prometedor de los espacios públicos urbanos. Se propone abordar el espacio público desde una perspectiva dinámica donde emerja como sitio de encuentro, de visibilidad y de disputa.

A través del análisis de encuestas, entrevistas y testimonios de los habitantes de los barrios suburbanos de la ciudad de Mendoza buscaremos identificar los usos del espacio público y reconocer la participación de los actores sociales. Se sorteará la idea de la degradación del espacio público para observar cómo ciertas interacciones de organizaciones sociales y vecinales redefinen cotidianamente el espacio público. Finalmente el Estado tendrá la oportunidad de promover la gestión participativa de los espacios públicos como instrumentos de redistribución social y cohesión comunitaria.

Palabras claves: espacio público, barrios de Mendoza, participación

 


The roll of public spaces in suburban neighborhoods of Mendoza city (Abstract)

Current process of fragmentation that takes place in metropolitan area of Mendoza´s city usually shows an inexorable and obscure perspective of public spaces. We approach to public space from a dynamic perspective where it emerges as place for meeting, visibility and struggle.

Through the analysis of polls, interviews and testimonies of inhabitants from suburban neighborhoods we will think to identify uses of public space and recognize participation of social actors. There will be avoided its degradation`s idea to observe how some everyday interactions of social and local organizations redefine public space. Finally, we will see States´ opportunities to promote participative management of public spaces as instruments of social redistribution and community cohesion.

Key words: public space, neighborhoods of Mendoza, participation.

 


Introducción

Actualmente los estudios urbanos sobre el espacio público son prominentes y abarcan un amplio espectro de enfoques. Esto revela al espacio público como un objeto de estudio muy dinámico y un concepto sobrecargado de ambigüedades. Es así que el espacio público puede significar cosas muy diferentes para distintas personas (vecinos, inversores urbanos, planificadores, gobernantes); y muy frecuentemente, significa varias cosas en una.

Nos proponemos conocer los actuales procesos de fragmentación que vive en el área metropolitana de la ciudad de Mendoza, observar sus barrios y enmarcar en los últimos años la participación ciudadana y el uso de los espacios públicos en los barrios suburbanos.

Las distintas prácticas socioespaciales de las organizaciones nos demostraron que el Estado tiene la oportunidad (y la responsabilidad) de ser el promotor del espacio público, como espacio político, como espacio de participación y de definición de problemas. Porque es en el espacio público donde es puesto en escena y se hacen visibles los diferentes intereses y conflictos cotidianos.

En el contexto local han existido escasas políticas de desarrollo participativas. Recientemente se abre una posibilidad concreta para que la ciudadanía pueda participar. Es el Plan Estratégico de Desarrollo, en el marco de la recientemente sancionada Ley Provincial de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. De este modo el gobierno provincial avanza hacia el objetivo de una "gestión asociada" y el desafío de un proceso sustentable queda abierto.

Los barrios del Gran Mendoza

El crecimiento de la ciudad de Mendoza ha tenido entre los ejes fundamentales las vías de acceso y las viviendas. En referencia al último, intentaremos abordar el estudio de los espacios público barriales a partir un relevamiento de barrios en el área metropolitana de la ciudad de Mendoza, en Argentina. El relevamiento se realizó en el año 2007 y el mismo incluyó un muestreo de 50 barrios (ver figura 1) donde se realizaron entrevistas y encuestas sobre los usos de los espacios públicos. El muestreo fue estratificado a partir de una categorización que tiene su fundamento en las lógicas de actuación sobre el territorio que propone Fernández Wagner (2009). Así, la transformación del territorio obedece a diferentes lógicas que coexisten, compiten o se articulan con la racionalidad del paradigma dominante. Estas lógicas las podemos identificar como:

1)   la lógica de la reproducción política: el Estado

2)   la lógica de la reproducción del capital: el Mercado

3)   la lógica de la reproducción de la vida, de la necesidad: los sectores excluidos.

1) La lógica de la "reproducción política" apunta hacia planificación e intervención del Estado a través de las políticas habitacionales. El financiamiento público de la vivienda en la provincia de Mendoza principalmente ha apuntado a dos grandes sectores de la población:

a)    Un sector que tenía capacidad de ahorro, pero requería financiamiento a largo plazo e intereses mínimos. A este sector se destinaría la actividad del Banco Hipotecario Nacional (BHN) que operará hasta su privatización en 1997 en su carácter de entidad bancaria, con los recursos de recuperación de su cartera de préstamos. Los destinatarios comprenderían la "población de estratos medios, es decir, aquella que podría reembolsar un crédito de hasta 30 años de plazo y 3% de interés anual" (Yujnovsky, 1984, p.223). A partir del año 1947, el BHN tendrá una nueva carta orgánica (Ley 12.962) que permitirá una amplia política crediticia para sectores medios y medios bajos, y sólo en 10 años (entre 1947 y 1957) otorgará 390 mil créditos, o sea 390 mil viviendas en toda la Argentina.

b)    El otro sector carecía de recursos suficientes para pagar el costo y financiamiento de una vivienda económica, dentro de las operatorias del BHN. A este sector procuró dedicarse fundamentalmente el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), que se reorganizó mediante la ley 21.581 a partir de 1977. En una primera etapa su instrumentalización fue centralizada, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación asignaba las prioridades y la normativa de las operatorias, también las principales atribuciones en materia de proyectos y licitaciones, quedando sólo la función de supervisión de obras y adjudicación a los Institutos Provinciales de la Vivienda (IPV). A partir de 1992 se comienzan a transferir automáticamente los fondos FONAVI a las provincias en una clara descentralización de la política habitacional argentina. Desde entonces, las provincias adquirieron la facultad de fijar sus políticas de vivienda. Se inicia así en Mendoza "la implementación de un nuevo modelo descentralizado por el cual el IPV transfirió funciones financieras, de planificación territorial, sociales, técnicas y legales a bancos, entidades intermedias, municipios, etc." (Palero, 2007,p.54)

2) Una segunda lógica corresponde a la "reproducción del capital" y obedece al mercado inmobiliario y de la construcción que en las dos últimas décadas ha sido muy dinámico y ha producido una serie de transformaciones socio-urbanas, como parte de la reorganización de los sistemas urbanos y los cambios en las estructuras intraurbanas. Como afirma Schmitd (2003, p.11) "los procesos generales de transformación, observados en las grandes ciudades occidentales en las últimas décadas, se reiteran y reproducen en el caso de Mendoza, aunque adaptando rasgos locales particulares y ritmos propios que se traducen en un cierto desfasaje o retraso temporal".

A principios de los años 1990, la necesidad de profundizar la reforma del Estado promovido por las recomendaciones del "Consenso de Washington", fue concurrente con la presión de los grupos financieros internacionales para acceder al negocio de compra o concesión de empresas estatales. Junto con el desmantelamiento de un conjunto de bienes y servicios provistos por el Estado a través de su privatización y profundos cambios en la sociedad (empobrecimiento de sectores medios y aumento de la pobreza generalizada, como producto del aumento del desempleo y/o precarización laboral, la pérdida de protecciones públicas), comienzan a implementarse por parte del Estado programas habitacionales "focalizados", respondiendo al formato de los programas financiados principalmente por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Así se desarrollará "un sistema compensatorio de asistencia social, para aquellos más pobres, mientras el resto de la población accederá a los bienes y servicios necesarios para la vida, en el mercado" (Fernandez Wagner, 2007).

En la ciudad de Mendoza se ha evidenciado una espectacular transformación de su fisonomía producto de las grandes inversiones de capital nacional y extranjero. Estas inversiones generan una mayor segregación territorial, al ser sumamente selectivas en cuanto a su localización en el territorio, y un espacio urbano cada vez más fragmentado, "donde las áreas pobres, no rentables y deprimidas son olvidadas, mientras otras zonas se renuevan, enriquecen, progresan y se insertan en la lógica de la globalización y la competitividad" (Roitman, 2000). Las inversiones tienen como objetivo de consumo un segmento socioeconómico medio-alto y alto de la población, predominando los "nuevos proyectos urbanos" como los equipamientos de consumo y ocio, la infraestructura vial y los proyectos habitacionales exclusivos (principalmente edificios torres y barrios cerrados).

3) Los procesos anteriores progresivamente discriminan entre aquellos territorios que son competitivos y aquellos que no son. Ello, incentiva los procesos de fragmentación social y territorial, lo cual refleja en modo contundente quienes son los perdedores de este proceso, hecho que se verifica en el aumento sistemático de la inequidad, la exclusión y la pobreza a escala mundial. Para Sepúlveda (2006, p.32) "la existencia de irregularidad, ilegalidad y/o informalidad en las formas de ocupación del suelo y de construcción del hábitat urbano; ha sido dominante en las ciudades latinoamericanas, con proporciones que van desde el 50% al 70% de las nuevas superficies urbanizadas".

Estas grandes extensiones de ciudad son mercados (informales) del suelo que se rigen por sus propias reglas, obviamente diferentes de las de la formalidad. La informalidad, que se define por lo que no es, no se puede entender sino se lo considera como lo espontáneo, lo que surge como consecuencia de las estrategias de "reproducción de la vida" (la lógica de la necesidad) de aquellos sectores de la sociedad que no logran acceder a un lugar donde asentarse por la vía del mercado formal. Lo informal, es decir lo no integrado al sistema, en la mayoría de los casos no cuestiona abiertamente la formalidad, sino por el contrario se imbrica formalidad e informalidad de muy diversas formas, siendo frecuente que sea el sistema formal el que produce la informalidad.

Fragmentación urbana del Gran Mendoza

El Gran Mendoza es el aglomerado urbano más importante de la provincia y del oeste argentino. En la jerarquía urbana del país se ubica en el cuarto lugar detrás de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Su capacidad productiva y de servicios, la localización en el centro oeste de la Argentina y su vinculación con Chile la han posicionado como una ciudad estratégica en el intercambio bioceánico del continente. La metrópolis regional conformada por 6 municipios, incluida la ciudad Capital de Mendoza, está localizada en el oasis norte, que representa el 11% de la superficie de la provincia. (Ver figura 1)  De acuerdo a las proyecciones del Censo 2001 y Registros de Estadísticas Vitales, se estima que para el año 2007 en la metrópolis mendocina se aglutinaban 1.047.743 de habitantes, es decir que el 11% del territorio provincial concentraba en ese año al 62,5% de la población provincial (Furlani, 2009). Concurrentemente, la producción se distribuye geográficamente de forma muy similar, el 64% de la actividad económica de la provincia está localizada en los departamentos del Gran Mendoza. Esta evidente macrocefalia incrementa considerablemente el desequilibrio en detrimento de los territorios del interior de la provincia; y dentro de la superficie del oasis norte, la alta concentración poblacional y productiva genera demanda de servicios y equipamientos, aumenta las fricciones y la competencia desenfrenada por el uso del suelo.

Así, a pesar de la redensificación como consecuencia del "boom inmobiliario" registrado recientemente, en los últimos años la tendencia de la población era a radicarse en zonas periféricas a la ciudad Capital. En el año 2001, este distrito central registra cerca de 11.000 habitantes menos que en 1991, mientras que el aumento poblacional se produce en los municipios que la rodean, preferentemente en Luján de Cuyo (30,7%), Maipú (22,4%), Guaymallén (13,1%) y Las Heras (16,4%).

El mercado del suelo y las nuevas preferencias en las formas residenciales representadas por los barrios cerrados y exclusivos para grupos sociales con alto poder adquisitivo comúnmente denominados countries, han avanzado sobre tierras agrícolas en la periferia, alertando sobre la competencia del uso y la retracción de superficies con inmejorables condiciones para la producción.

"En la última década estos complejos se multiplicaron, especialmente en la periferia sur del Gran Mendoza y, en menor medida, hacia el este, pero siempre relacionados con los principales ejes de circulación. En ocasiones también se intercalan en áreas consolidadas. A mediados de 2001 ya existían aproximadamente 80 barrios cerrados proyectados, en ejecución o habitados en el Gran Mendoza. Implican un fuerte consumo de superficies y, en algunos casos, se asocian con centros comerciales y otros servicios. (…) Contrastan notablemente con las villas miserias que, con frecuencia, se encuentran en sus cercanías" (Schimtd, 2003, p.52).

figura 1.jpg

 

Figura 1: Barrios suburbanos del Gran Mendoza

Por otra parte, la búsqueda de empleos ante las sucesivas e históricas crisis económicas, sobre todo en el cinturón agrícola periurbano y en países vecinos, y el crecimiento de la pobreza y exclusión social, son algunos de los factores que motivan la proliferación de los asentamientos informales, también llamadas villas miserias, contribuyendo a la expansión inorgánica de la masa edificada y de loteos ilegales, la mayoría desprovistos de infraestructuras y servicios (Gudiño de Muñoz, 2000). Al año 2003 se registraban 72 villas en el Gran Mendoza, caracterizados por su grado extremo de pobreza y su falta de integración en el conjunto urbano, en el que habitan más de 50.000 personas (Furlani, 2009). Dentro del aglomerado urbano, la tendencia es un profundo cambio en el sentido del crecimiento, ya que es la periferia o zona oeste la que crece con barrios populares. El crecimiento urbano de los sectores populares es sobre sitios con fuertes limitantes naturales y de infraestructura, la zona del piedemonte de la precordillera. Es la contracara del mecanismo de generación de altas rentas urbanas vinculadas fuertemente a los "usos", es decir a la localización de las actividades (económicas) en el espacio urbano. Esto ha elevado el valor del suelo, privando el acceso de una gran parte de la población a una mínima calidad de suelo urbano, de infraestructura y servicios básicos, de lugares de trabajo y del disfrute de una ciudad, negándoles a los habitantes el "derecho a la ciudad"[1].

En definitiva, estos procesos de expulsión, segregación, competencia y dualización de la ciudad, pueden sintetizarse en un proceso de fragmentación urbana que vivencia el Gran Mendoza, limitando la definición de fragmentación urbana a los elementos y efectos espaciales de un proceso particular de la producción social del espacio. A partir de aquí podemos pensar la fragmentación urbana como "un fenómeno espacial que resulta de la ruptura, separación o desconexión de la forma y estructura (entendida en términos de usos del suelo o redes de infraestructura) preexistente de la ciudad" (Burgess, 2009, p.101). Queda en el centro del debate si la fragmentación urbana del Gran Mendoza se comprende preferentemente como ruptura de una forma o estructura urbana preexistente, o si es parte de un proceso que genera unas nuevas.

 

El espacio público en la ciudad

Actualmente la categoría de espacio público es muy recurrente en diversos ámbitos, los cuales la abordan con distintas definiciones y sentidos[2]. Como resultado de esto, la categoría carga con una excesiva ambigüedad: "nombra lugares materiales y remite a esferas de la acción humana en el mismo concepto; habla de la forma y habla de la política, de un modo análogo al que quedó matrizado en la palabra polis" (Gorelik, 2004, p.19).

Siguiendo el esquema de Peter Goheen (1998) consideramos que se pueden distinguir dos perspectivas muy contrastantes en los estudios urbanos sobre la importancia del espacio público en la ciudad moderna.

Por un lado, una primera visión plantea que la esfera pública ha sido radicalmente devaluada como poderoso ideal social y político. Así, refiriéndonos al argumento de Sennet (2002), el interés de la ciudadanía en el espacio público ha disminuido en la medida que la esfera pública se ha ido apartando de la participación activa de los debates sobre los asuntos públicos, "el declive del hombre público" como parte de su retiro hacia la intimidad. En este sentido, hoy en día, muchas discusiones sobre la esfera pública y el espacio público están caracterizadas por lo que Ted Kilian (1998, p.115) denomina "narrativa de la pérdida"[3]. Son muy difundidas las afirmaciones de que los lugares de la democracia, alguna vez vitales, han desaparecido. Esto se refleja, por ejemplo, en la descripción del filósofo político Jürgen Habermas (1981) de una esfera pública agobiada por el consumismo, por los medios de comunicación y por la intrusión del Estado en la vida privada, que tiene por resultado la destrucción del espacio de la toma de decisión democrática.

Por otro lado, otra visión enfatiza la continuidad de la significación del espacio público como escenario preferido donde grupos de cualquier tipo pueden alcanzar visibilidad pública, buscar reconocimiento y realizar sus demandas. Aquí no se enuncia la ‘muerte del espacio público' sino un espacio público en transformación, un espacio público posible, donde el carácter dialéctico conflictivo del proceso urbano, la nunca acabada apropiación social de la ciudad por parte de los ciudadanos: la ciudad como aspiración y horizonte de futuro son parte de los fundamentos de un proyecto de ‘ciudad conquistada', un deseo de ciudadanía. Es desde esta última perspectiva que nos posicionaremos para observar cómo en los últimos años, los espacios públicos en Mendoza, tomaron cierto protagonismo en la vida de los barrios y cómo las prácticas de las organizaciones populares aparecen como una oportunidad para las políticas de consenso que apunten al desarrollo.

Esfera pública y espacio público

La política es el lenguaje de la esfera pública. Según Habermas (1981) el surgimiento de una esfera pública depende de la capacidad de autoconciencia de un grupo para actuar conjuntamente, para ejercer su voluntad dentro del dominio político. Habermas privilegió en su análisis la confrontación burguesa con el Estado entre el siglo XVIII y XIX, considerando que solo este grupo podía ocuparse de una comunicación racional y, de este modo, formular una opinión pública. "La esfera pública fue rápidamente conceptualizada como el ámbito de influencia de un grupo bien identificado cuyas instituciones y medios de comunicación fueran visibles y dominantes en la sociedad." (Goheen, 1998, p.487). El control de los intereses burgueses sobre la ciudad durante el siglo diecinueve comienza a ser disputado, entre otros, por la clase obrera, y así, la composición de este grupo dominante disminuye en la esfera pública.

La esfera pública ya no refleja el poder coherente de un único grupo privilegiado. En lugar de un único público se comienza a hablar de muchos públicos, extendiéndose a grupos subordinados o en la expresión de Nancy Fraser (1990, p.61) "contra públicos"[4]. El espacio de los nuevos públicos (diferentes grupos, clases, géneros, etc.) continúa siendo redefinido por los públicos cuyos valores y demandas están en disputa en el escenario político urbano.

En estas luchas por la inclusión, las distinciones entre la esfera pública y el espacio público asumen importancia considerable. Según Mitchell (1995, p.117) la esfera pública en el sentido de Habermas es un dominio universal abstracto en el que acontece la democracia. La materialidad de esta esfera es, por así decirlo, inmaterial a su funcionamiento. El espacio público entretanto, es material. Constituye un sitio real, un lugar, un terreno dentro y desde el cual la actividad política fluye. Esta distinción es crucial, porque es en el contexto de los espacios públicos reales que los movimientos alternativos pueden surgir y pueden disputar los problemas de la ciudadanía y de la democracia.

El espacio público no es una categoría per se sino que se construye y se produce cotidianamente como resultado de las interacciones colectivas. De hecho, si miramos a nivel más local y en el barrio, uno de los ejercicios democráticos es considerar cómo a partir de su uso los grupos sociales cobran representación y reconocimiento público y pueden organizarse para levantar una voz que legítimamente interpele a las autoridades. Es más, en los barrios, la exigencia de espacios colectivos de acción, "bajo condiciones de inseguridad ciudadana o pobreza, pasa por la necesidad de un espacio físico concreto del cual sentirse parte y, además, como un escenario de expresión, en un determinado grupo de alguna determinada manera que permita erigir la propia subjetividad junto a otros." (Vicherat, 2005)

En este sentido Niño y Valderrama (1997) definen el espacio público barrial, entendido como "ese conjunto de lugares al aire libre (plazas, parques, canchas, calles, zonas verdes) y construcciones de uso común (salones comunales, colegios, iglesias, polideportivos), el lugar donde se forjan las ciudades como entramado de relaciones sociales que marchan en una u otra dirección según usos y sentidos". Así, los usos y costumbres que acontecen en los espacios públicos ya sea que tengan el carácter de tradiciones, tendencias generales o eventos esporádicos, son un excelente termómetro para determinar los grados de la integración social, los alcances de los sentidos de pertenencia, las capacidades de apropiación de lo público y los niveles de democracias obtenidos en un barrio, una zona o una ciudad.

Por ello la gestión participativa de espacios públicos no es algo abstracto. In­volucrar a la ciudadanía significa diseñar, construir y mantener espacios públicos con los grupos que los usan. "[Ello] crea vida social colectiva e identidad, contribuye a la incidencia de la gente en actos que mejoran su calidad de vida, aleja la desconfianza y la inseguridad en la convivencia de los barrios. Interacción, sociabilidad y mayor seguridad, van de la mano" (Segovia, 2007, p.120).

Sobre la democracia: participación y representación una difícil coexistencia

Suponer participación, es pensar en un proceso y aprendizaje social. La participación, en su expresión más plena o en su máxima calidad, que "involucra el libre ejercicio de la voluntad de decisión de las personas en todas y cada uno de los asuntos de interés colectivo que les competen, ha constituido una utopía para muchas sociedades en diferentes momentos históricos". (Abogabir y Oviedo, 2000, p.19). Pensar en participación desde la geografía es entender que la relación entre la política, comprendida como modo de organización de los conflictos de intereses, y el territorio, la arena privilegiada de acción, define las muchas dimensiones de las relaciones espacio-sociedad.

En este sentido, es posible entonces afirmar que las cuestiones y los conflictos de intereses surgen de las relaciones sociales y se territorializan, o sea, se materializan en disputas entre estos grupos y clases sociales para organizar el territorio de la manera más adecuada a los objetivos de cada uno, o sea, del modo más adecuado a sus intereses. "Estas disputas en el interior de la sociedad crean tensiones y formas de organización del espacio que definen un campo importante del análisis geográfico". (Castro, 2005, p.42)

La participación ha sido tratada concretamente en el ciclo de toma de decisiones y, en los análisis críticos respecto a las formas y procesos de decisión en la democracia moderna. Abal Medina (2004, p.21) define de una manera simple los siguientes conceptos:

·      Participación política: el acto de tomar parte en la formulación, aprobación o aplicación de medidas de política pública.

·      Representación política: hacer presente a otro en un ámbito político en el que literalmente no está.

Si bien la tensión entre participación y representación política estuvo presente desde los orígenes mismo de la idea de democracia, ambos conceptos se combinan en los diseños institucionales modernos, pero de forma intrínsecamente problemática.

En sí mismos, son dos maneras o caminos mediante los cuales los ciudadanos intervienen en la toma de decisiones. La diferencia radica en que en un caso la intervención se hace de manera directa y en el otro mediante delegación. "Como instrumentos institucionales específicos cada uno de ellos presenta sus lógicas propias, sus propios discursos legitimantes, sus propias potencialidades y limitaciones y, particularmente, sus propios actores." (Abal Medina, 2004, p.24)

En nuestro país, desde la creación de su constitución, adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal (art. 1 de la Constitución Nacional), y el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes (art. 2 de la Constitución Nacional). El pueblo no tomará las decisiones ni participará en ese proceso sino que elegirá a quienes lo hagan en su nombre, sus representantes.

Gran parte de las modalidades de participación de nuestras grandes y complejas sociedades son indirectas o vía representación. Así, tras la elección de un representante, se le otorga los poderes de informar, opinar, impugnar y decidir sobre un conjunto de materias, guiado únicamente por su buen criterio. En general, los desacuerdos de la población con sus representantes se manifiestas solo después del período de delegación, en el momento de una nueva elección. En definitiva, el control ciudadano se desarrolla electoralmente, los ciudadanos eligen a sus representantes y ex post juzgan su desempeño votándolos o no en la siguiente elección.

A lo largo de los años, los partidos políticos se fueron volviendo imprescindibles para el funcionamiento de los regímenes democráticos, primero como meras agrupaciones de representantes y después como verdaderas organizaciones de masas que canalizaban la participación popular en las elecciones. Asimismo la participación pública se comprendía tradicionalmente a través de esta forma de hacer política.

Sin embargo, paralelamente al fortalecimiento de los partidos políticos, se fue dando en las democracias centrales un proceso por el cual se comienza a incorporar en los diseños institucionales distintos instrumentos que fomentaban otras formas de participación ciudadana.

En consecuencia aparecieron los instrumentos llamados de "democracia participativa", estos fueron pensados como complementos de la representación e implican una intervención más activa de los ciudadanos en las decisiones públicas, en diferentes momentos y con diferentes efectos.

Abal Medina (2004) distingue tres vertientes entre sus creadores:

a)    Los que los veían como meros instrumentos enriquecedores de la democracia representativa, concebidos como complementos de la forma representativa de la democracia.

b)   Los que creían que eran instrumentos importantes para controlar a los representantes, centrándose en el aspecto de la vigilancia que permiten tener sobre los representantes.

c)    Finalmente, los que los veían como el camino para profundizar la democracia, llegando en el futuro incluso a reemplazar las instituciones representativas.

Estas incorporaciones fueron problemáticas y entraron en contradicción con los instrumentos y los actores de la democracia representativa. Pese a ello, el constitucionalismo moderno permitió ir inscribiendo estos mecanismos en muchos diseños institucionales en el mundo.

Este es el caso de nuestra Constitución reformada en 1994 y de decenas de constituciones provinciales que suman en su articulado múltiples referencias a la participación ciudadana.

Para Abal Medina (2004) existen, básicamente, dos tipos de instrumentos de participación ciudadana (IPC):

a)    Sin efecto vinculante: que consisten en instrumentos para que el gobernante escuche la opinión de los ciudadanos. Por ejemplo, la audiencia pública, la consulta popular, o los procedimientos de doble lectura legislativa.

b)   Con efecto vinculante: son instrumentos llamados de democracia semidirecta, en el que el ciudadano decide directamente con su participación, como el plebiscito, el referéndum, la revocatoria de mandato y el presupuesto participativo.

Asociativismo y horizontalidad, modalidades del uso del espacio público en los barrios

La política surge de las relaciones entre los hombres y de las opciones hechas, históricamente, para a su realización. En tanto para Arendt (1997, p.36), es cuando "los hombres se juntan, [que] se mueve el mundo entre ellos, haciendo surgir un interespacio [espacio de las relaciones] donde ocurren y se realizan todos los asuntos humanos". Pero este espacio, que en el primer momento es apenas público porque emerge de la presencia de los otros, solo se vuelve político "cuando asegurado en una ciudad, quiero decir, en un lugar palpable (…) que pueda sobrevivir (…) y ser transmitido a la posteridad en la secuencia de las generaciones" (Arendt, 1997, p.54). En este sentido Castro (2005, p.50) señala: "no es posible pensar en política sin las condiciones de su duración que se encuentran en las bases material y social del lugar donde el encuentro de las diferencias se da. Esta es por lo tanto la condición fundadora de la pólis, pero lo es también del territorio, arena por excelencia del enfrentamiento de las pasiones y de las reglas para la convivencia entre los diferentes".

Dentro de los diferentes modos de organización de los hombres, el asociativismo y el horizontalismo quiebra con las tradicionales formas de la organización y participación social vigentes hasta la década de los setenta: aquellas basadas en instituciones jerarquizadas y estructuradas en torno a objetivos generalmente muy amplios. Tal y como sugiere la horizontalidad, se desenvuelve en un campo plano y nivelado. Conlleva la aplicación de la democracia directa y la creación antijerárquica y antiautoritaria, en síntesis, una ruptura con los métodos verticales de organizarse y relacionarse.

El asociativismo busca promover nuevas relaciones nuevas entre personas, pensando globalmente y actúando de manera colectiva en el ámbito local: hombres y mujeres, grupos e individuos, de diversas clases sociales se han juntado para hacer diferentes acciones con el propósito de cambiar la sociedad y el lugar en que viven.

Actualmente el asociativismo reconoce el rol de la sociedad civil. La sociedad civil, compuesta por "una amplia variedad de organizaciones e iniciativas privadas de desarrollo con fines públicos, cuyo carácter es no lucrativo"[5] (Abogabir y Oviedo 2003, p.19), ubicadas entre el Estado y el Mercado, conforma lo que se denomina "tercer sector".

Una explicación sobre el asociativismo es el creciente "abandono" del Estado de muchas temáticas sociales, a partir de la reducción del aparato público impuesto por las instituciones financieras internacionales. Al asumir las personas que la solución a los problemas que les afectan ya no provendrá del Estado -ni del mercado-, optan por asociarse con otros que comparten la misma motivación, la cual puede ser de tipo autoayuda (como la construcciones de viviendas, emprendimientos económicos, etc.), o de adhesión a ciertos valores (como las agrupaciones ambientalistas, de género, colectivos de cultura, políticos, entre muchas).

En Argentina, y Mendoza no es excepción, los años ochenta estuvieron caracterizados por ser de fuerte movilización y organización social, con el inicio de la democracia se ampliaron los sujetos políticos (organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, gremios, federaciones, sindicatos y asociaciones de distinto tipo) y la apropiación de los "lugares de la manifestación con o contra el poder, de conquista de derechos" (Borja, 2003, p.33).

Con la década de los noventa, las formas tradicionales de organización social entraron en crisis -partidos políticos, sindicatos, uniones vecinales-. Aquí destacamos el modelo de exclusión producto de la política neoliberal y cómo sus reformas estructurales fundaron el surgimiento de un nuevo actor social: los movimientos de trabajadores desocupados, y de un nuevo formato de protesta y apropiación del espacio público: el corte de rutas (piquete).

Por último, las consecuencias de la falta de legitimidad y credibilidad del gobierno detonaron a finales de 2001 y junto con la crisis institucional devino la explosión de nuevas experiencias políticas. Luego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, muchas organizaciones consiguieron una mayor visibilidad y crecimiento, así como hicieron ingreso a la escena otros actores sociales -aunque muchos recuperando experiencias políticas previas-: redes del trueque, asambleas barriales, fábricas recuperadas, ahorristas, colectivos culturales, murgas, partidos de izquierda. Fueron experiencias políticas ‘poderosas', en tanto conllevaron al cuestionamiento del sistema de representación y el desarrollo de formas políticas directas y participativas de la democracia. La horizontalidad es el término que ha llegado a representar las nuevas relaciones sociales y sus principios de organización. Sitrin (2005, p.viii) en su análisis de las organizaciones populares de las últimas décadas plantea que "las ideas y relaciones no pueden ocurrir en un vacío. Suceden en locales o territorios ‘específicos, que se liberan de las viejas' estructuras jerárquicas. Estos territorios son laboratorios de la creación social". Apoyados en el resultado de nuestras encuestas y entrevistas podemos afirmar que estos "laboratorios" fueron el recurso que aquellos sectores más necesitados. Es por esto que aparece una singular disminución en el número de organizaciones en aquellos barrios de clase media y media alta, quienes tuvieron diferentes alternativas para enfrentar las necesidades urgentes y cuyas actividades mayormente se realizan fuera del barrio.

Los sectores más excluidos buscaron en los espacios cotidianos del barrio, los espacios donde reunirse, encontrarse, discutir y disputar sus derechos. Este espacio se caracterizaba por el libre acceso y dar la posibilidad de visibilizar sus reivindicaciones. Principalmente fueron los espacios públicos de los barrios. Así plazas, salones comunitarios, uniones vecinales, escuelas, clubes barriales y playones deportivos, bibliotecas, centro de jubilados, fueron los espacios materiales donde se realizaban experiencias concretas como emprendimientos artesanales y productivos, murgas, radio y televisión comunitaria, organizaciones que trabajan con niños (comedores, guarderías, apoyo escolar), fiestas y celebraciones se materializaron, así como también el ámbito de la discusión, el reclamo y el acceso a los servicios y los mejoramientos del barrio.

La crisis llevó a dar cuenta de cómo muchos ciudadanos desde cada uno de sus lugares estaban contribuyendo a crear nuevas formas de habitar, de organizarse y de ser en el mundo, a partir de la interacción con sus prácticas y por la construcción de acciones propias de críticas y contestación. Un intento de recuperar las esperanzas de que otros mundos necesitan ser posibles, a través de un proyecto esperanzador, como alude Harvey (2003), que reformule algunas de las reivindicaciones por las que se puede luchar, entre ellas aquel reclamo dirigido a que los ciudadanos tienen el derecho de producir su propio espacio.

La crisis es una oportunidad: una frase repetida

Muchas de las organizaciones de los barrios analizados fueron la consecuencia de las políticas económicas que modelaban al país y dejaban excluidos a un gran sector de la población. Gran parte de las experiencias de organización y búsqueda de alternativas para subsistir junto con iniciativas solidarias en los barrios fueron apareciendo desde mediados de la década de los años noventa. Las necesidades de los trabajadores desocupados junto a sus familias se hicieron cada vez más evidentes, adquirieron visibilidad frente a la "invisibilidad" que les imponía un sistema económico que los dejaba fuera de la producción y del consumo.

 "Ojos que no ven, corazón que no siente", la sociedad trataba de no representarse la imagen de los desocupados sobreviviendo como podían porque es intolerable. Pero cada vez era más difícil no verla. Así, familias enteras buscaban en la basura, iban con sus carros y sus bolsas por los barrios. "¿Cómo haces para seguir viviendo cuando sabés que tenés unos niños rebuscando y comiendo la basura que vos tiraste?" (vecino del barrio El Cardenal)

De este modo, la urgencia y la necesidad de tamaña crisis obligaron y activaron estas nuevas relaciones sociales en los barrios. Florecieron entonces las iniciativas de comederos, merenderos, redes de apoyo escolar, emprendimientos productivos, emprendimientos para mujeres, clubes del trueque y otras formas de asociaciones para poder subsistir, y como dijimos el espacio público del barrio se volvía un lugar imprescindible para el encuentro con el otro, la organización de las reivindicaciones e inclusive las disputas de intereses.

Incluso con realidades diferentes, los sectores medios y los sectores más desfavorecidos identificaban claramente una doble naturaleza del espacio público de los barrios: como el espacio más próspero, espacio de expresión, integración, encuentro, visibilidad, así como el espacio más conflictivo, disputas, inseguridad, enfrentamientos, discusiones.[6]

Estaba la sensación en muchos grupos organizados que se estaba creando el futuro en su presente, la base de nuevas relaciones decididas por la democracia directa. Estas organizaciones representaban una ruptura consciente con este tipo de política. Rechazaban la jerarquía que es inevitable en el sistema clientelista de punteros políticos y la reemplazaban con una democracia directa en la cual se discutían alternativas a seguir en reuniones en espacios públicos barriales, y se decidía abierta y colectivamente qué hacer.

Esta coyuntura podía evaluarse como una gran oportunidad para acompañar las iniciativas "creadoras" y dar sustento a las necesidades sociales a partir de una concertación entre el gobierno y sociedad local. La posibilidad de elaborar consensos que permitieran acciones locales para el desarrollo. Una oportunidad de que aquellos interpelados por la sociedad propiciaran en el espacio público un consenso construido en "escenarios de trabajo vinculante, sosteniendo que de este modo habrá un conocimiento elaborado colectivamente, una visión integrada de la complejidad, estrategias asociadas" (Poggiese, 2000), mucho más que un simple acuerdo entre lógicas diferentes. Todo esto podía constituir una nueva lógica porque sería la expresión de un actor colectivo, expresión también de intereses comunes descubiertos o construidos.

"La crisis social que se agudizó a partir de fines del año 2001 generó una rápida adaptación a la ‘emergencia' por parte de las organizaciones sociales y los gobiernos locales. Esta situación llevó a que el debate en torno a la conveniencia o no de generar espacios asociativos pasara a un segundo plano y se consolidaran líneas de trabajo entre Estado y sociedad tendientes a ‘hacer algo' para paliar los efectos de la crisis social". (Arroyo, 2004, p. 13)

Como aparece en los planteos de Coraggio (2004) la extrema necesidad de la mayoría de la ciudadanía convocada y el comportamiento oportunista de los dirigentes puede resignificar las nuevas políticas propuestas, dando lugar a otra ronda de asistencialismo con otro nombre[7], de clientelismo inmediatista, a un acentuamiento del lado mafioso del sistema político, del lado oportunista de organizaciones confesionales o no gubernamentales, profundizando la pérdida de la cultura de derechos y acentuando la de los favores. O puede ser vista, ante la imposibilidad de volver al pasado, como la oportunidad para un cambio profundo de comportamientos y actitudes y, junto con estos, de las personas y agrupamientos que los formatean. Se contaba con:

"una oportunidad pocas veces disponible: la crisis y la falta de respuesta inmediata del mercado libre y del Estado han impulsado a la sociedad, desde las bases, desde sus movimientos y nuevos actores, a desarrollar iniciativas individuales, familiares, barriales, colectivas, formas de solidaridad y el manifiesto deseo de recuperar su integridad como ciudadanos y como trabajadores (no meramente consumidores)" (Coraggio, 2004, p.52)

Ante la imposibilidad evidente de que la inversión privada o el empleo público dieran respuesta a esta demanda, se ha recurrido a su libre iniciativa, al rebusque o a la organización fuera de los canales institucionales. El gobierno y las organizaciones públicas en general tenían la posibilidad y la responsabilidad de acompañar y potenciar este proceso, sin intención de cooptación, sino de refundar las bases de una sociedad más participativa, más involucrada, más solidaria, más democrática, capaz de resolver a la vez la necesidad de integración por el trabajo -mercantil, comunitario, de autoconsumo, etc.- y resolver la necesidad de producir socialmente su espacio.

No obstante, todo este enorme potencial no se puede transformar automáticamente. Los resultados de la participación social, de las iniciativas populares, de un desarrollo local, necesitan períodos prolongados de acción buscando la sustentabilidad de las experiencias. Frecuentemente esto se obstaculiza por los tiempos de un sistema político centrado en procesos electorales como también por la urgencia de las necesidades y problemas de la población.

En los últimos años, ha existido una retracción en los movimientos y las organizaciones sociales. En parte por mayores oportunidades y por la activación del tejido productivo (la desocupación pasó de un 21% a valores de un solo dígito), y en parte por la cooptación de políticas sociales asistencialistas tradicionales que aún perduran.

Sin embargo coincidimos con Montaner (2005, p.3)

Lo que está agotado es el modelo de unas decisiones impuestas desde la Administración, y lo que es vital es dar espacio y voz a la participación en todos los sentidos y a todos los estratos sociales: que en vez de aplicar decisiones impuestas por las administraciones a la sociedad civil se creen las condiciones para lo contrario: que sea la ciudadanía la que influya en las administraciones, más allá de unas elecciones cada cuatro años. Aunque la participación sea una vieja idea (…) significa cambiar radicalmente el funcionamiento de unas sociedades en las que se va haciendo cada vez mayor la escisión entre la cultura institucional y la sociedad civil.

El desafío central entonces que se plantea es la superación del inmediatismo por parte de la sociedad, buscando una estrategia sostenible como política de Estado fundamentada en el diálogo y la acción activa de las organizaciones. "En una gestión participativa, las políticas públicas dejan de ser estatales, para ser construidas en la interfase de las representaciones políticas estatales y las sociales y económicas. Se trata de construir un espacio de concertación que vea a la comunidad y su desarrollo como un todo" (Coraggio, 2004, p.55).

Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Mendoza, una oportunidad para la gestión asociada.

La elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Mendoza surge como un imperativo establecido en la Ley 8.051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo recientemente sancionada. El texto de la citada norma lo incorpora como uno de los instrumentos y procedimientos del ordenamiento territorial, asignándole la tarea de combinar y compatibilizar los diferentes Planes Sectoriales, el Plan Ambiental y los Planes de Ordenamiento Territorial Provincial y Municipales, bajo una estrategia integradora (art. 9º de la Ley 8.051).

El proceso de planificación formulado busca promover un proceso de cambio cultural vinculado a la forma en que los actores gubernamentales y no gubernamentales diseñan, planifican, implementan y evalúan las intervenciones que realizan sobre la realidad provincial.

Esto es un punto muy importante porque en la provincia de Mendoza y principalmente en los municipios del Gran Mendoza, los pocos procesos de participación ciudadana han girado sólo sobre consultas y opiniones que pocas veces se han llevado a cabo. El descrédito, que en bastantes casos afecta a la función pública, se vuelve un obstáculo considerable para ejercer las funciones de gestión y de disciplina urbanística. En demasiadas oportunidades los espacios participativos generan en quienes son "invitados" a participar, profundos sentimientos de desanimo o desinterés.

"¿Es que una mayor participación (…) no genera necesariamente mayores deseos de participar e interactuar con otras personas y organizaciones sociales? Pues la respuesta es no. A decir verdad, América Latina corre un serio riesgo en estos días de democracia precaria y promoción de la participación ciudadana: el riesgo del descrédito." (Bombarolo, 2004, p.95)

La metodología del Plan Estratégico busca, en cuanto a participación, consolidar el modelo de gestión asociada como práctica y eje de un nuevo saber, eficaz y solidario, expresado en la capacidad colectiva de articular e integrar esfuerzos, recursos y capacidades en pos de objetivos comunes. El texto plantea que "lejos de constituir una invitación a opinar o a legitimar lo que otros deciden, la participación es entendida como una oportunidad de protagonizar personal, sectorial o institucionalmente (…) la solución a una serie de problemas que impactan negativamente en la calidad de vida presente y futura de todos los mendocinos" (Gobierno de Mendoza, 2009, p.12).

Bombarolo (2004, p.95) deja ver tres cuestiones centrales que pueden condicionar una propuesta de participación y que tienen un potencial destructivo del proceso:

a)    Las personas nos cansamos de que nos hagan participar en sitios en los que luego no se respeta o considera siquiera nuestra opinión;

b)   Nos decepcionamos cuando en el marco de un proyecto colectivo común (nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro barrio), nos convocan solo a compartir decisiones de importancia poco significativa;

c)    Y por último, deja de interesarnos asistir a espacios intersectoriales cuando quienes representan verdaderamente a los sectores que detentan el poder sobre los temas sobre los que hay que opinar y decidir, no acuden a la cita (funcionarios o directivos que asisten solo a inauguraciones y cierres de sesión, o envían a "representantes" con poco o nulo poder de decisión, o directamente, ni aparecen).

La expresión concreta de lo anterior las podemos observar en algunas opiniones de vecinos en la instancia de participación ciudadana del Foro del departamento de Capital para el Plan Estratégico,[8] realizado el 27/11/2009.

"Están los foros en donde vamos a hablar y están los foros en donde se deciden las cosas. Y ahí no estamos. Es un sacrificio muy grande que no se ve redundado en las decisiones. Queremos ver los resultados de la participación"

"La participación es un proceso a largo plazo. No solamente es información, es fiscalización, es gestión, manejo de información"

"[Hay] ausencia de personas o actores, insisto que debe haber una pata de comunicación importante. [Muchos] van a tratar de que no exista. (…) Que el Estado ayude con recursos para comunicar a la sociedad, sino a los medios no les interesa. Que haya recursos para comunicar de manera estratégica. Quedan muchas cosas por decir. Muchos no participaron quizá por el descrédito que hay. Si está instalado en los medios de alguna manera la gente estaría participando aunque sea informándose. Esta propuesta atraviesa todo. Necesitamos un Plan Estratégico Comunicacional de la Ley de Ordenamiento Territorial"

"¿Por qué no están las autoridades discutiendo este tema? ¿Dónde están? No hacen falta leyes sino voluntad política. No hay recursos para fomentar la participación".

La participación del Plan Estratégico de Mendoza se perfilará como oportunidad en la medida que se aproxime hacia ese espacio de concertación. Las convocatorias a la participación fueron realizadas y muchos asistieron. Aunque el proceso continúa, algunos fantasmas aparecen (no comunicación, descrédito, incertidumbre, desconfianza). Avanzar en la dirección del cambio cultural vinculado a la forma en que actores gubernamentales y no gubernamentales busquen las soluciones para los problemas de Mendoza no es algo oportunista ni instantáneo, más bien es pensar en un proceso sustentable, una continuidad necesaria y dialógica que permita mantener en el tiempo la "gestión asociada", traspasando los tiempos electorales.

Reflexiones finales

El área urbana de la ciudad de Mendoza sufre transformaciones en su estructura, donde la gran concentración de habitantes y de la actividad económica atenta contra un crecimiento equilibrado. Los barrios suburbanos no son ajenos a la fragmentación urbana. La periferia de la ciudad tradicionalmente se constituyó en el espacio donde la población más pobre iba accediendo al suelo, construyendo su vivienda, luego luchando por los servicios y equipamientos para así ir consolidando los barrios. Hoy esa periferia es disputada por las élites, lo cual deriva en procesos sociales donde existe proximidad espacial y progresiva distancia social entre sus habitantes, lo cual agrava el conflicto en el escenario urbano. Así, el alza especulativa del precio del suelo desplaza a los sectores populares hacia localizaciones cada vez más distantes y segregadas. Mientras que aquellos barrios que responden a la lógica del mercado, buscan espacios de buena accesibilidad asociados con centros comerciales y otros servicios. Estas formas residenciales representadas principalmente por barrios cerrados avanzan y compiten con terrenos agrícolas de gran calidad.

En Argentina, y en Mendoza, las políticas neoliberales de los años noventa produjeron profundos cambios en la sociedad: empobrecimiento de los sectores medios y aumento de la pobreza generalizada como consecuencia del aumento del desempleo y precarización laboral. La crisis de finales del 2001, marcó la ruptura de la legitimidad y credibilidad política. En este contexto, emergen los espacios públicos como espacios de encuentro y representación donde las reivindicaciones de los vecinos adquieren su visibilidad. Principalmente entre aquellos sectores más excluidos se activaron y se hicieron más visibles una serie de nuevas experiencias políticas que conllevaban al cuestionamiento del sistema de representación, al desarrollo de políticas directas y participativas, y a nuevas estrategias solidarias para sobrevivir. Para las organizaciones de los barrios el espacio público se volvió el escenario preferido donde grupos de cualquier tipo pueden alcanzar visibilidad pública, buscar reconocimiento y realizar sus demandas. También se evidencia en los barrios de sectores socioeconómicos medios y altos, aunque con menor intensidad, el uso del espacio público para el encuentro y el reconocimiento del otro.

De esta forma aparece para aquellos que han sido interpelados (gobernantes) la oportunidad de promover la gestión participativa de los espacios públicos como instrumentos de redistribución social y cohesión comunitaria. Incluso como un excelente termómetro para determinar los grados de la integración social, los alcances de los sentidos de pertenencia, las capacidades de apropiación de lo público y los niveles de democracias obtenidos en un barrio.

Aunque en parte, son aquellos sectores de mayores recursos quienes mayoritariamente buscan en retiro hacia lo privado, anunciando la ‘muerte del espacio público', promovemos un enfoque distinto que aborde al espacio público en transformación. Proponemos un espacio público posible, donde el carácter dialéctico conflictivo del proceso urbano sea parte de los fundamentos del derecho a la ciudad.

Finalmente sugerimos evaluar las dimensiones del espacio público barrial tal como se hace con otros foros democráticos. Esto significa que los espacios públicos más convenientes son aquellos que son accesibles a un rango de voces diversas y proporcionan un ámbito saludable para una expresión política abierta. Sobre todo, un espacio público valioso debe ser un lugar de posibilidad.

 

Notas



[1] "... los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países empobrecidos se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Estos procesos favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales. Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes". (Preámbulo de Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad en: Ortiz, 2008, p.163).

El derecho a la ciudad no es el simple derecho a acceder a lo que los especuladores de la propiedad y los funcionarios estatales han decidido, no meramente un derecho de acceso a lo que ya existe, sino es el derecho activo de cambiarlo, de hacer una ciudad diferente. El derecho a rehacernos a nosotros mismos creando un entorno urbano cualitativamente diferente es el más preciado de todos los derechos humanos. (Harvey, 2004, 2008).

[2] El espacio público es un concepto propio del urbanismo que a veces se confunde (erróneamente) con espacios verdes, equipamientos o sistema vial, pero que también es utilizado en filosofía política como lugar de representación y de expresión colectiva de la sociedad (Borja, 2003, p.21).

[3] En el original literature of loss

[4] En el original counterpublics

[5] Dentro de estas se encuentran las ONGs, fundaciones, organizaciones territoriales y funcionales, entidades gremiales, profesionales y sindicales, centros de estudiantes, uniones vecinales, entre muchas otras.

Cabe aquí hacer una advertencia útil, muchas organizaciones pueden ser imaginadas más que constituidas en prácticas materiales, o postuladas como homogéneas y acogedoras así como opuestas, fracturadas y constituidas por el poder.

[6] Un 72% de los encuestados identificó a los espacios públicos del barrio como el espacio más próspero, entre ellos figuran: la plaza, la escuela, el polideportivo, las calles. Un 64% señaló al espacio público como el espacio más conflictivo del barrio, entre los lugares mencionados estaban: las plazas, las calles, algunas zonas del barrio como esquinas, terminales y paradas.

[7] Como fue el sistema asistencialista Jefas y Jefes de Hogar implementado en gran medida clientelarmente.

[8] http://www.planestrategicomza.com.ar

 

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