BREVE SÍNTESIS DE LAS TRANSFORMACIONES OCURRIDAS EN LA HISTORIA ARGENTINA ENTRE 1810 Y 1999

Elaborada por Marcelo Mariño

 

El siguiente texto es un intento de presentar una periodización de la historia política argentina para los alumnos de la cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana[1].

La intención de esta ficha de cátedra tiene por objetivo constituirse en una herramienta de trabajo para acompañar el abordaje de la historia educativa del período. Aquí se presentan a grandes rasgos los nudos problemáticos centrales que atravesaron la historia política del país en su devenir a fin de que los alumnos puedan orientarse desde este marco general  en el trabajo con la bibliografía que presenta la cátedra.

Consideramos que este texto debe ser tomado teniendo en cuenta sus beneficios y sus limitaciones. Es decir, si por un lado se ofrece junto a la cronología como un soporte para analizar y discutir la educación argentina en sus diversas etapas, de ningún modo sustituye el material bibliográfico correspondiente a la historia política que se presenta en el programa.

 

DEL VIRREINATO A LA FORMACION DEL ESTADO NACIONAL (1810-1880)

 

La decisión de los grupos criollos de poner fin a la dominación colonial abrió paso a una etapa que estuvo marcada por el desafío que significaba construir un nuevo orden político. Para que eso fuera posible se debía lograr la aceptación de ese nuevo orden por parte de los distintos sectores que  formaban parte de la sociedad. Pero esa no fue una tarea sencilla. Por el contrario, ni bien se cortaron los lazos con España, se convirtió en un problema. Recién hacia 1880 encontró su resolución cuando mediante el acuerdo logrado entre algunos sectores de la sociedad y la represión de otros, se impuso un orden político que finalmente se convirtió en hegemónico. En mayo de 1810 se inició una etapa marcadamente diferente en los aspectos sociales, económicos y de  gobierno como consecuencia de la ruptura del vínculo colonial que el Virreinato del Río de la Plata había mantenido con España. Ese hecho marcó para la sociedad de entonces, el comienzo de un complejo recorrido que podríamos resumir como la transformación de un Estado colonial en un Estado nacional moderno. Esa búsqueda estuvo plagada de marchas y contramarchas que, hacia 1880, derivó en un determinado modelo de Estado.

La revolución y las guerras por la independencia abrieron un panorama complicado. No bastaba simplemente con cortar los vínculos de dependencia con España, sino que además era necesario acordar las nuevas bases sobre las que iba a desarrollarse la vida de esta sociedad. El orden político colonial había reflejado una estructura de poder que estuvo basada en la desigualdad entre la metrópoli y el Virreinato. Una vez producido el corte, se  tornaba urgente acordar un nuevo pacto entre los grupos que componían a las Provincias Unidas (nombre que tomó el territorio que antes fue el Virreinato del Río de la Plata) ¿Cómo afianzar y defender la revolución? ¿Qué forma de gobierno era la más adecuada? ¿Qué tipo de economía era necesario impulsar? ¿Cómo afectaban esas decisiones a los distintos grupos? ¿Cómo establecer los acuerdos entre ellos? Todas esas cuestiones debían resolverse en medio de un proceso revolucionario que estaba transformando a la sociedad.

El Virreinato del Río de la Plata había sido creado por decisión de la monarquía de Carlos III y respondía a un conjunto de causas que iban desde cuestiones económicas hasta político-estratégicas.  Dentro de estas causas se pueden mencionar, por ejemplo, el deseo de España de aumentar la recaudación de impuestos de las colonias; de controlar las rutas de navegación; de mejorar la administración para evitar el contrabando; de frenar la expansión de otras potencias coloniales.

El Virreinato, como unidad política, era territorialmente muy extensa y diversa, y estuvo bajo la autoridad del Virrey por decisión de la corona española. El interrogante que se abría en 1810 era  saber si las distintas regiones que la integraban tenían la voluntad de mantenerse como una unidad política.

A partir de la Revolución de Mayo, el antiguo Virreinato pareció estallar. Pero si bien hubo un desmembramiento en diversas regiones durante las primeras décadas, logró imponerse la voluntad de distintos grupos regionales por construir un Estado único. Hubo diversos proyectos políticos enfrentados que revelaron intereses contrapuestos y que lucharon por imponerse. Republicanos y monárquicos, unitarios y federales, autonomistas y nacionalistas, librecambistas y proteccionistas -cada uno de ellos con sus conflictos internos- son algunos de los distintos grupos que se fueron conformando en esa disputa. Representaban formas diferentes de pensar y de actuar en relación a cómo debía organizarse el gobierno administrativamente, qué ideas políticas debían ser las principales, y qué modos de producir y comercializar bienes eran los más adecuados.  Es decir, proponían diferentes alternativas político-administrativas, económicas y sociales. Hacia 1880, después de muchos enfrentamientos y negociaciones, pudo establecerse finalmente un pacto político moderno que fue aceptado por el conjunto de las fuerzas que componían a la sociedad. Así se cerró de algún modo el círculo que había comenzado a trazarse siete décadas atrás.

El año de 1810 fue especialmente significativo para las colonias españolas en América. La Revolución de Mayo producida en el Río de La Plata formó parte de un estallido mucho más amplio que afectó a gran parte de los dominios que poseía la corona española en el continente americano. Si bien el proceso que llevaría a la independencia política y la formación de los Estados americanos tuvo desarrollos diversos, el movimiento que se inició en Buenos Aires debe ser analizado en ese contexto.

 

¿Cuáles fueron las causas que desataron ese proceso y por qué se produjo casi simultáneamente en distintas regiones de la América española?

A modo de síntesis podríamos reseñarlas del siguiente modo:

a)                  Desde el siglo XVII la relación entre España y sus colonias en América se había ido desgastando debido a las crecientes dificultades económicas y políticas que enfrentaba el imperio español. Las Reformas Borbónicas fueron un intento de dar respuesta a esa crisis, pero no tuvieron el impacto esperado. Entre otros motivos, porque la situación interna de las colonias con respecto al desarrollo de sus grupos de poder cambió rápidamente; además, la política de alianzas que la metrópoli mantuvo en Europa contribuyó a profundizar la ruptura del vínculo colonial.

b)                  La sociedad hispanoamericana se había ido transformando y el vínculo entre las colonias y España se había tornado una dificultad para el desarrollo de las economías regionales americanas, ya que grupos locales se habían consolidado y sus intereses no estaban ahora directamente ligados a los de la relación colonial.  Aunque las Reformas Borbónicas habían incluido una serie de medidas que habían hecho más flexible el sistema del monopolio comercial, estas acciones eran insuficientes a los ojos y necesidades de los grupos económicos y sociales de las colonias.

c)                  En el plano económico internacional, Inglaterra lideraba el proceso de expansión y consolidación del capitalismo.  La revolución industrial extendía sus consecuencias al mundo. Esto implicaba la necesidad de obtener nuevas fuentes de materias primas y mercados para colocar sus productos industrializados. A la presión comercial del Imperio Británico se sumaba el descontento de los sectores mercantiles criollos que no estaban directamente vinculados al circuito comercial monopólico— más bien se mostraban cercanos al librecambismo.

d)                  También soplaban vientos de cambio en el plano de las ideas. Las concepciones políticas que circularon con la Ilustración basadas en la soberanía popular, abrieron perspectivas novedosas para las colonias hispanoamericanas. La independencia norteamericana y la revolución francesa mostraban nuevas opciones frente al deterioro del vínculo colonial.

e)                  En el Río de la Plata, las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 y la invasión de Napoleón a España en 1808 abrieron paso al inicio de una revolución política  que se convirtió muy pronto en una revolución de independencia.

 Sin embargo, más allá de este contexto, corresponde recordar que para los protagonistas de la revolución criolla en el Río de la Plata, los objetivos no estaban del todo claros. Es importante tener presente que la lectura que nosotros hacemos del pasado nos permite comprender la totalidad del proceso porque sabemos cómo se inició, cuál fue su desarrollo y qué consecuencias produjo. Pero para quienes fueron los protagonistas, ese proceso que nosotros vemos ahora era un continuo presente que estaba en construcción y transformación permanente. Podríamos decir que a medida que se desarrollaban los acontecimientos, los distintos sectores y grupos políticos involucrados iban  otorgando a la revolución diferentes sentidos.

 

El período 1810-1820: de la ruptura del vínculo colonial a la imposibilidad de construir un gobierno centralizado

 

Al comenzar el período, en 1810, estalló la revolución político-militar. Se produjo en Buenos Aires y desde allí buscó extenderse al resto del Virreinato, donde encontró grandes dificultades. La unión entre las distintas regiones que componían el Virreinato era muy débil.  Como en todos los procesos de este tipo, se sumaba a la dificultad de articulación entre las regiones la cuestión sobre la construcción de un orden político nuevo.  Preguntas como qué grupo asumiría el control, bajo qué sistema y cuál sería la base de su legitimidad estuvieron presentes a partir de ese momento de manera muy aguda. Como consecuencia de las dificultades para construir el orden político y administrativo nuevo, la década 1810-1820 estuvo atravesada por los conflictos entre los grupos revolucionarios y aquellos que se resistían a abandonar el esquema de dominación colonial. Y también dentro de los revolucionarios existían diferentes concepciones: los moderados y los que sostenían propuestas de cambios más profundas; quienes proponían un sistema republicano, o quienes consideraban a la monarquía como una mejor opción. El problema central de la década fue lograr y consolidar la independencia. Este objetivo se alcanzó y el viejo Virreinato no volvió a ser colonia. Pero el problema de la organización política no pudo ser resuelto en este período. Más allá de importantes intentos, los proyectos de construcción de un gobierno centralizado para las Provincias Unidas terminaron en fracasos. La década se cerró con la batalla de Cepeda (1820) donde el débil poder central del Directorio cayó ante el avance de las autonomías regionales. Se había logrado la independencia, pero aún faltaba mucho para la creación de una organización nacional que fuese aceptada y que tuviese legitimidad para el conjunto de la población.

 

En Hispanoamérica, los movimientos revolucionarios e independentistas deben ser ubicados en el contexto de la era napoleónica y de los efectos políticos que produjo la invasión francesa a la península ibérica. La resistencia política española a dicha invasión cobró forma institucional a través de la creación de juntas de gobierno diseminadas en el territorio bajo la dirección de la Junta Central de Sevilla,  de la que dependían también las colonias americanas. Cuando esa Junta cayó en enero de 1810, se extendió por Hispanoamérica una ola de levantamientos  protagonizada por los grupos criollos que fue la base de los movimientos independentistas.

Pero alrededor de 1815 el panorama se había modificado. Sólo la experiencia revolucionaria del Río de la Plata seguía en pie, mientras que los otros levantamientos habían sido sofocados. El contexto internacional parecía poco prometedor para la región. Había llegado para Hispanoamérica el tiempo de la Restauración.

Fernando VII retornó al poder en España en mayo de 1814. Desde entonces el enfrentamiento entre las tendencias liberales y las absolutistas tensaron la situación política de la península. Para la década del 20, una nueva ola de levantamientos en Hispanoamérica permitió asegurar la independencia de la mayoría de las colonias. Pero a diferencia de los hechos de la década del 10, se optó por un plan coordinado que fue liderado por San Martín y Bolívar. La batalla de Ayacucho, en 1824, implicó el fin de las guerras de la emancipación gracias a la caída definitiva de los realistas y abrió el largo proceso de luchas internas por la organización de los territorios. Si bien cada caso tuvo particularidades, es posible sostener que los levantamientos independentistas en Hispanoamérica respondieron a causas similares y tomaron características parecidas. Entre ellas pueden destacarse:

- Los motivos económicos: la presión impositiva, la consolidación de una burguesía comercial, las demandas de librecambismo, etc.

- Los motivos políticos : las ideas liberales, el acceso al poder de los criollos, la burocracia de la metrópoli, etc.

- Otros motivos,  por ejemplo: la aparición de una identidad criolla; la influencia de los acontecimientos internacionales, la oposición entre la ciudad y la campaña, etc.

En 1810, los miembros de la Primera Junta asumieron sus cargos jurando fidelidad al rey Fernando VII, quien en ese momento era prisionero de Napoleón Bonaparte. Así se inauguraba una nueva etapa con un gobierno que efectuó un juramento lo suficientemente ambiguo como para frenar posibles complicaciones. No obstante, el panorama político se presentó cargado de tensiones por la oposición contrarrevolucionaria expresada en las fuerzas realistas. Para comprender la complejidad de la situación es necesario  recordar que el gobierno revolucionario había surgido de la voluntad de diversos sectores porteños que representaban proyectos políticos diferentes.

Una vez iniciada la revolución se volvió imprescindible extenderla al interior. Era decisivo obtener la aceptación del nuevo estado de situación por parte de las distintas regiones que componían el Virreinato e invitarlas a sumar sus representantes al nuevo gobierno. El resultado de dicha empresa fue muy diverso: algunas regiones aceptaron de buen grado, otras mostraron fuertes resistencias —que en la mayoría de los casos fueron finalmente vencidas—  y otras optaron por seguir sus propios designios independientemente de Buenos Aires.

La revolución y las guerras de la independencia no sólo produjeron un profundo cambio político sino que fueron también el comienzo de importantes transformaciones en la estructura social y económica de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata.

La economía se vio sacudida por las cargas que implicaba hacer frente a los costos de la guerra, aumentaron las contribuciones en dinero y también en ganado y frutos de la tierra. Asimismo los ejércitos restaban brazos a la actividad económica ya que sumaban a sus filas trabajadores rurales y esclavos.

En 1816, el congreso de Tucumán declaró a las “Provincias Unidas en Sud América” una nación libre e independiente de España y de cualquier otra potencia. En días posteriores decretó “fin a la revolución” y “principio al orden” basado en el “reconocimiento, obediencia y respeto a la autoridad soberana de las provincias y pueblos representados en el Congreso”. Se planteaba así la necesidad de terminar con el estado revolucionario. La declaración de la independencia no  proponía sólo poner fin a la dominación colonial. Era también un intento de poner fin a los debates que se venían produciendo desde 1810 sobre la organización política del país.

La situación de entonces era por demás compleja para las Provincias Unidas. Si bien existía un poder central representado en ese momento por el Directorio, las diferencias entre los diversos intereses regionales anunciaban las dificultades que iban a atravesar estas provincias para construir un gobierno centralizado. Además, la supremacía porteña se veía amenazada por proyectos como, por ejemplo, el federalismo de Artigas.

En 1819 el Congreso de Tucumán, que se había trasladado a Buenos Aires, sancionó una Constitución fuertemente centralista. Esto desató la crisis con el Litoral. Los jefes provinciales de Santa Fe (Estanislao López) y Entre Ríos (Francisco Ramírez) avanzaron con sus ejércitos sobre Buenos Aires y la derrotaron el 1 de febrero de 1820 en la batalla de Cepeda, lo que implicó el fin del gobierno central.

En 1816, una parte del antiguo Virreinato (que ahora pasó a llamarse Provincias Unidas en Sud-América) declaró su Independencia en Tucumán. Sin embargo, en ese momento no se dictó una constitución ni se estableció una nueva forma de gobierno.

Un Estado moderno requiere de una Constitución ya que es la que establece los principios y las reglas de juego que la sociedad fija para su convivencia. Se dice que es la Ley Suprema porque es la base del resto de las leyes. Es un instrumento que organiza jurídicamente a una nación, garantiza los derechos de los habitantes y ciudadanos y marca las pautas respecto de la forma y régimen de gobierno así como la distribución del poder. De lo señalado se desprende lo complejo que resulta elaborar una Constitución, no sólo porque es en sí misma un instrumento legal fundamental del Estado, sino porque organiza la convivencia de sectores que tienen intereses diversos y muchas veces contrapuestos.  Este fue el caso para la Constitución de las Provincias Unidas.  Finalmente, el Congreso dictó una Constitución en 1819 que las provincias  rechazaron por su carácter centralista.

La crisis política de 1820, fruto de un proceso en el cual la batalla de Cepeda fue uno de los detonantes, desintegró formalmente a las Provincias Unidas del Río de la Plata y abrió paso a una nueva etapa caracterizada por la coexistencia de entidades políticas diversas que se regían autónomamente unas con respecto a las otras.

 

El período 1820-1852: de las autonomías provinciales a la federación rosista

 

La disolución del Directorio y del Congreso puso fin al gobierno central.  Los gobiernos provinciales fueron estableciendo sus propias formas de gobierno en territorios sin límites precisos que en general se trazaron a partir de las ciudades más importantes. A lo largo de todo el periodo las diferencias políticas tuvieron en la mayoría de los casos sus orígenes en diferencias tanto económicas como sociales, regionales, etc., Por lo tanto, los intentos por construir un Estado unificado se dificultaron enormemente. Como planteó el historiador Waldo Ansaldi, los enfrentamientos políticos expresaban problemas más profundos que correspondían a las oposiciones que se generaban entre los grupos sociales, los intereses provinciales o regionales y las diferencias que se producían entre el campo y la ciudad *.  Estos grupos representaban proyectos diferentes y han pasado a ser conocidos como unitarios y federales. Pero si queremos evitar confusiones debemos saber diferenciar y entender de qué se habla cuando se mencionan estos dos términos. Ambos responden a las formas en que concebían la organización política del país. El proyecto unitario (que deberíamos definir con mayor precisión como centralista) se caracterizó por una fuerte subordinación de los poderes provinciales al poder central. Por su parte, los diversos proyectos federales entendían que la organización del Estado nacional debía basarse en la asociación de Estados regionales (provinciales) que delegaran parte de su poder al Estado central. A una primera etapa caracterizada por la autonomía de las provincias,  le siguió a mediados de la década de 1820 el breve intento centralizador de Rivadavia que culminó en un fracaso. Posteriormente, a mediados de la década de 1830, el gobernador de Buenos Aires era Juan Manuel de Rosas. Su política proclamaba un especial federalismo basado en una posición autonomista que demoraba cualquier intento de organización nacional que le significara a su provincia la pérdida de recursos y de mecanismos de control. La batalla de Caseros en 1852, un nuevo levantamiento del Litoral contra Buenos Aires liderado por Justo José de Urquiza, marcó el fin de esta etapa.

 

Uno de los legados de la Revolución de Mayo fue el surgimiento de los caudillos, nuevos dirigentes políticos que expresaban intereses provinciales o regionales y que contaban con fuerza militar propia. Ellos representaban las tendencias autónomas frente al proceso centralizador impulsado por Buenos Aires. Luego de la década de conflictos que se abrió en 1810, los estados provinciales privilegiaron el establecimiento de su propia organización dictando leyes y constituciones.

Diversos autores han asociado a los caudillos con el desorden, la anarquía, el poder despótico, y con relaciones paternalistas y autoritarias. Sin embargo esas afirmaciones pueden ser matizadas. Debemos recordar que no estaba claro —ni era compartido— el proyecto de país que se quería construir. Los caudillos, por lo tanto, impulsaban proyectos muy diversos y asumían en sus territorios el control político de acuerdo al proyecto en el cual creían, frente a la imposibilidad de construir un Estado único.

La situación de tranquilidad que vivió Buenos Aires le permitió liderar un nuevo intento de organización nacional. En 1823 convocó a todas las provincias a un nuevo Congreso General que comenzó a sesionar a fines del año siguiente. Pero diversos problemas dificultaron su accionar, entre los que se destaca la guerra con el Brasil por la Banda Oriental. Esta situación provocó que en 1826 el Congreso dictara una Constitución de corte unitario y nombrara presidente a Bernardino Rivadavia en un nuevo intento de unificación nacional.

Si bien el nuevo presidente contaba con el apoyo de los comerciantes -que se beneficiaban con el librecambismo- y de los hacendados -que respaldaban su política de tierras-, las oposiciones fueron mayores. Por tal, su experiencia como primer mandatario resultó breve: a mediados de 1827 Rivadavia presentó la renuncia al cargo lo que significó el fin del gobierno centralizado.

El período 1820-1852 se caracteriza y explica por el conflicto derivado del enfrentamiento de distintos proyectos políticos sobre la organización del país. Las tres décadas están atravesadas por esa oposición que se manifestó tanto en la discrepancia en el debate de ideas como en la violencia política y los enfrentamientos militares que derivaron en guerras civiles.

Sin duda, la disputa principal era entre el unitarismo y el federalismo. Pero junto a ésta se presentan otras de gran importancia. Por ejemplo, el enfrentamiento entre Buenos aires y el Interior. Este confllicto no se puede analizar en términos de "diferencias entre unitarios y federales". Si bien la mayoría de los centralistas se encontraba en la antigua capital del virreinato, los había por todos lados. Muchos comerciantes de las ciudades del interior consideraban que sus intereses estarían mejor asegurados por un gobierno central, y  Buenos Aires era un espacio en el que las ideas federales también tenían muchos adeptos.

A su vez, dentro de los grupos federales es necesario también señalar las fuertes diferencias existentes. Podemos dividirlos en tres grupos. Los federales del Interior, los federales del Litoral, y los  federales de Buenos Aires, estros últimos ordenados a su vez en los primeros años en “doctrinarios y autonomistas”. Estos grupos sociales y regionales, con mayor o menor grado de antagonismo, tenían diversos intereses económicos que encontraban en el plano de las ideas un lugar donde manifestar y dirimir sus conflictos.

Entre 1828 y 1831 el enfrentamiento entre unitarios y federales se extendió por todo el país y se perfiló un alineamiento regional con líderes que basaban su poder político en criterios diversos unos de otros.  Estas diferencias promovían además dinámicas sociales diferentes en cada región.

Con la renuncia de Rivadavia se derrumbó el proyecto unitario y retornaron las autonomías provinciales. Se inició entonces una etapa caracterizada por las guerras civiles que culminaron con el triunfo del federalismo bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas. Los violentos hechos de esos años marcaron el punto máximo de la escalada entre los dos grupos. Hacia 1831, el país  se encontraba dividido en dos agrupaciones: la Liga del Interior y el Pacto Federal. La guerra entre ambas parecía inminente, pero la caída del General Paz –líder de la Liga Unitaria- en manos enemigas desmembró ese acuerdo y los federales se impusieron sin oposiciones en todo el país.

En esos años, los caudillos más destacados eran Facundo Quiroga ( La Rioja), Estanislao López (Santa Fe ) y Juan Manuel de Rosas ( Buenos Aires). Cada uno de ellos representaba los intereses de su región y expresaban  las diferencias internas del federalismo. De a poco logró imponerse el último. Se dio paso entonces a la Confederación y volvió a retrasarse el dictado de una Constitución y la conformación de un Estado nacional.   

Rosas fue designado gobernador de Buenos Aires en 1829. Durante sus dos gobiernos –que se extendieron hasta 1832 el primero y desde 1835 hasta 1852 el segundo— se consolidó la hegemonía de la provincia sobre el resto del país. La Confederación Argentina funcionó a través de pactos y acuerdos entre provincias. Si bien no se formaron instituciones comunes, Buenos Aires obtuvo el manejo de las relaciones exteriores por lo que representaba a la Confederación como un Estado independiente en el plano internacional.

Rosas demoraba el dictado de una Constitución que implicara la organización nacional y la consecuente pérdida para Buenos Aires de las rentas aduaneras. Bajo sus gobiernos se fue fortaleciendo económicamente el sector terrateniente bonaerense que crecía con la acumulación de tierras, a la vez que el aparato productivo se vinculaba estrecha y exitosamente con las demandas del mercado internacional. La acción legislativa durante sus gobiernos y la campaña militar al desierto (que desarrolló entre los años 1833 y 1834) fueron parte de una batería de acciones y medidas destinadas a fortalecer a este grupo que, junto a los sectores populares urbanos y rurales, constituían las bases sociales de su poder.

El estilo de conducción política desplegado por Rosas ha generado polémicas que llegan hasta nuestros días. Fueron años en los que se exasperaron los conflictos y las lealtades políticas. Para algunos, Rosas no hizo más que demorar el desarrollo del país; para otros, fue capaz de avanzar en la unión nacional y de establecer las bases de un Estado moderno en la provincia luego del fracaso centralizador rivadaviano.

A lo largo de su dilatada gestión la lucha entre unitarios y federales se fue desplazando hacia otra dicotomía: rosistas y antirrosistas. La política tomó nuevas manifestaciones, que iban desde la violencia y la persecución hasta los festejos populares y los actos masivos.

Si bien desde 1835 el orden rosista extendió su influencia en el país, los conflictos y resistencias no dejaron de manifestarse hasta su caída. Los grupos políticos y miembros del ejército unitario, los jóvenes intelectuales de la Generación de 1837, e incluso algunos federales expresaron su disidencia. No estuvieron ausentes los levantamientos en el interior y en el propio territorio bonaerense, así como el accionar de los exiliados desde fuera de las fronteras.

Además, se produjeron una serie de conflictos de nivel  internacional que tuvieron impacto en la política interna. Las luchas entre blancos y colorados en el Uruguay repercutían en el contexto nacional gracias a las alianzas políticas que se establecían entre los grupos de ambas márgenes del Río de la Plata. Tampoco faltaron problemas limítrofes con la Confederación peruano-boliviana. Asimismo, la dinámica del sistema capitalista hizo recrudecer la rivalidad política y la competencia comercial entre Francia e Inglaterra, lo que tuvo importantes efectos en el Río de la Plata, como los bloqueos o la usurpación de las Islas Malvinas. 

Hacia fines de la década de 1840 la economía se encontraba en expansión y habían cesado las convulsiones políticas. Sin embargo esos hechos no impidieron que el orden rosista ingresara en su etapa final. El crecimiento económico basado en la actividad ganadera había beneficiado a Entre Ríos y el gobernador Urquiza  -aliado de Rosas en años anteriores- comenzó a diferenciarse políticamente de él, incrementando la autonomía de su provincia. El enfrentamiento no tardó en producirse. Una alianza nacional e internacional liderada por el entrerriano puso fin a la experiencia rosista cuando los ejércitos se enfrentaron el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros.

Durante el gobierno de Rosas la economía experimentó importantes cambios, algunos de los cuales continuaron tendencias iniciadas en la década anterior. Por ejemplo, se consolidó la importancia de los grandes terratenientes (8) mediante un Estado que expresaba sus intereses.

En la provincia de Buenos Aires, las llamadas campañas contra el indio permitieron la incorporación de nuevas tierras para la explotación ganadera. Esta actividad había experimentado una expansión que beneficiaba a los dueños de los saladeros y a los comerciantes y financistas que se dedicaban al comercio exterior, quienes en algunos casos combinaban ambas actividades. Se había consolidado un importante circuito comercial internacional con fuerte presencia inglesa y en él Argentina concurría como productora de productos agropecuarios, exportando sobre todo ganado.

El Litoral continuaba con su vieja demanda por la libre navegación de los ríos. Las economías del interior languidecían a costa de la expansión del comercio internacional, por lo que pedían medidas proteccionistas sin mayores éxitos. En  función de este problema se dictó la Ley de Aduanas de 1835 pero los bloqueos posteriores dificultaron el logro de sus objetivos. La hegemonía de Buenos Aires sobre el resto de las regiones se vio fortalecida a partir del segundo gobierno de Rosas. Los efectos del  librecambio seguían impactando sobre las producciones artesanales, en particular las del interior. La ley de Aduanas intentó atenuar las consecuencias del comercio libre y a su vez fortalecer el consenso de aquella hegemonía  con una medida de carácter proteccionista.  

 

El período 1852-1880: hacia la consolidación del Estado nacional

 

En el período 1852-1880 se impuso un modelo de Estado nacional que logró subordinar a los poderes locales de todas las provincias mediante una estrategia compleja. Argentina había logrado acordar una Constitución que le daba una entidad jurídica estable, y avanzaba hacia una modernización capitalista que le auguraba una inserción económica internacional favorable a la oligarquía terrateniente.  

En el contexto internacional, se producía la Segunda Revolución Industrial. El capitalismo, que se afianzaba en el mundo, gozaba de una expansión vinculada a la producción del hierro y el acero y avanzaba hacia su etapa imperialista. Los flujos de comercio internacional se habían ampliado y grandes sumas de ganancias engrosaban las economías de los países centrales, en especial de Inglaterra. Los sistemas políticos liberales también triunfaban, y un importante movimiento obrero organizado daba batalla en la búsqueda de mejores condiciones de vida para el proletariado.

Para nuestro país, la batalla de Caseros de 1852 implicó el fin del proyecto rosista y un avance en la construcción del Estado nacional. En 1853, el conjunto de las provincias –con excepción de Buenos Aires- sancionó una constitución de corte federal. Ese acuerdo no corrió la suerte efímera de las que la habían precedido y abrió paso a una organización nacional definitiva. Entre 1853 y 1862 la separación entre la Confederación Argentina –liderada por Urquiza- y el Estado de Buenos Aires –liderado por los autonomistas- revivió viejas disputas y volvió a fragmentar el escenario político. Los enfrentamientos militares de Cepeda en 1859 y Pavón en 1861 dan cuenta del peso de esa discordia. Finalmente, la unidad fue lograda. El triunfo del proyecto liberal nacionalista permitió reconstruir la hegemonía porteña mediante la creación de un Estado nacional muy dinámico que logró someter a los poderes provinciales. Entre 1862 y 1880, las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda consolidaron esta política mediante una estrategia que combinaba la represión y el acuerdo. Sus fines fueron alcanzar la subordinación a la autoridad central, la organización institucional y la integración territorial.

Junto a esto, se produjo a lo largo de todo el período una modernización económica y social. La resolución de viejos debates –como el de las rentas del puerto de Buenos Aires-, y la aparición de nuevos elementos –como el estímulo a la inmigración y el auge del lanar- permitieron una expansión económica que sentó las bases del modelo agroexportador.

La batalla de Caseros en 1852 puso fin a la hegemonía rosista y sentó las bases para la organización nacional. El Pacto de San Nicolás convocó a un nuevo Congreso Constituyente —esta vez a sesionar en Santa Fe— al que adhirieron originariamente todas las provincias. Pero poco después, Buenos Aires,  al sentir peligrar su hegemonía, se levantó contra las autoridades de la Confederación, se declaró Estado autónomo, y retiró a sus representantes del Congreso.

La Confederación dictó su Constitución de corte representativo, republicano y federal en 1853, y eligió como su primer presidente a Justo José de Urquiza. Al año siguiente el Estado autónomo de Buenos Aires dictó su propia Constitución, y nombró gobernador a Pastor Obligado.

De esta forma, lo que iba a ser Argentina quedó dividida en dos unidades independientes, pero en una situación fuertemente inestable. Buenos Aires recuperaba de esta forma la hegemonía económica: su puerto seguía siendo el privilegiado por el comercio internacional y a causa de la división política, no estaba obligada a compartir sus ganancias con el resto de las provincias. Las economías internas languidecían y aunque existía la libre navegación de los ríos, los puertos interiores —como Rosario y Paraná— no podían competir con el porteño.

Esta difícil situación llevó a que la Confederación dictara en 1857 la Ley de Derechos Diferenciales. Buenos Aires entendió este hecho como una medida que entorpecía enormemente su circuito económico. El enfrentamiento no se demoró mucho. En 1859, las tropas bonaerenses y las de la Confederación —unas al mando de Bartolomé Mitre y las otras al mando de Urquiza— se enfrentaron nuevamente en Cepeda. Buenos Aires fue derrotada, y por medio del Pacto de San José de Flores aceptó ingresar a la Confederación.

El pacto de San José de Flores significó el fin de los proyectos autonomistas  y el triunfo de las posturas que pugnaban por la creación de un Estado nacional. Buenos Aires aceptó ser parte de la Confederación y someterse a su Constitución a cambio del derecho de proponer modificaciones a ser aceptadas por el resto de las provincias. Esto se llevó a cabo en 1860.

Entre 1859 y 1862, los liberales nacionalistas, encabezados por Mitre,  sumaron cada vez más poder. Este grupo, vinculado a los intereses porteños, sostenía la necesidad de acabar con los viejos enfrentamientos entre Buenos Aires y la Confederación. Se inclinaban por una solución que provendría de la creación de un poder superior a los poderes locales, el Estado nacional, al que todos ellos debían subordinarse. Por ejemplo, sostenían que los bonaerenses debían entregar las ganancias de su puerto a la Nación.

La estrategia era crear y fortalecer esta instancia superior y apoderarse de ella mediante negociaciones con grupos afines. El Estado nacional se volvió un acuerdo entre las oligarquías provinciales, liderado por la aristocracia porteña, sobre el que se apoyó el modelo de la generación del 80.

El triunfo de Mitre se produjo luego de la batalla de Pavón en 1861 cuando las tropas porteñas vencieron a las de la Confederación lideradas por Urquiza. Santiago Derqui, presidente de la Confederación renunció, y Mitre asumió como Presidente provisional. Unos meses más tarde, en 1862, fue nombrado Presidente constitucional. Su proyecto de unidad nacional lograba imponerse.

Entre 1862 y 1880 se sucedieron las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, quienes fueron electos por todas las provincias que componían la Nación Argentina. Su objetivo común fue la consolidación del modelo triunfante de Estado nacional. Para lograr este fin se aplicó una estrategia compleja que combinaba el consenso y la represión, y cuyas metas fueron: la subordinación a la autoridad central, la organización institucional y la  integración territorial.

La subordinación a la autoridad central buscaba limitar o eliminar las autonomías provinciales, así como su poder de decisión y la independencia respecto del poder central. Esto .implicó el establecimiento de pactos —con quienes estuvieran dispuestos a hacerlos—, y la represión —contra aquellos que se opusieran—.  En el primer caso, la aceptación del pacto generalmente implicaba la obtención de ventajas para aquellas provincias que lo firmaran. En el segundo caso, el arma elegida fue el Ejército Nacional, que fue lanzado contra quienes fueran considerados una amenaza para el poder central.

La organización institucional implicó el fortalecimiento de las acciones del Estado nacional. Éste empezó a ocupar cada vez más funciones mediante una importante política de obras públicas. Los colegios, los correos, el ejército, el FFCC extendían su red de acción, a la vez que su burocracia se ampliaba. El empleo en el Estado se convirtió en una importante opción laboral para sectores de la población que buscaban escapar del trabajo manual.

La integración territorial adoptaba distintas formas. Por un lado, las políticas de población contra los indígenas, como la llamada “Campaña la Desierto”, ampliaron enormemente la extensión del Estado nacional. Junto a esto, fue necesario la unificación de valores y sentimientos, que implicaron entre otros aspectos el dictado de leyes de aplicación en todo el territorio y la creación de un sentimiento colectivo de nacionalidad.

En 1880, se produjo un último conflicto entre el Estado nacional y los autonomistas bonaerenses. Estos últimos se oponían a que la Ciudad de Buenos Aires fuera nombrada Capital Federal del país y quedara separada de la provincia. El poder ejecutivo no dudó en enviar al Ejército nacional contra los sublevados, que fueron sometidos rápidamente.   

Los importantes cambios políticos de los que nos hemos ocupado más arriba estuvieron acompañados de cambios económicos y sociales muy profundos. La acción del Estado nacional fue decisiva para lograr esas transformaciones. En esos años se produjo una importante modernización económica capitalista que buscaba favorecer la inclusión de la Argentina en el nuevo mercado internacional como productora de materias primas.

Los debates económicos de la primera mitad del siglo encontraron su resolución. El librecambismo se impuso sobre el proteccionismo, las aduanas internas fueron eliminadas y el puerto de Buenos Aires pasó a manos nacionales. El Litoral vio satisfechas algunas de sus demandas al lograr dar rango constitucional a la libre navegación de los ríos.

Se estaban llevando a cabo importantes cambios en la economía mundial que afectaban a nuestro país. Se agotó el viejo circuito comercial basado en el saladero que producía tasajo para las zonas esclavistas. Europa atravesaba la segunda revolución industrial, por lo que cada vez demandaba más y nuevos productos: alimentos para su población en aumento, y materias primas, como la lana, para sus industrias. Hacia allí se orientó la economía argentina.   

Para lograr estos cambios fue necesario poner el acento en los factores de la producción: tierra, mano de obra y capitales. La acción del Estado se encaminó en ese sentido.  La expansión de la frontera permitió la anexión de grandes territorios. En la mayoría de los casos, las políticas de distribución de esas tierras produjo la generación de latifundios —esto es, grandes extensiones de tierra en manos de un único propietario— que aseguraban importantes ganancias a sus dueños. 

La mano de obra la aportó, por un lado, la población nativa y, por otro, la inmigración europea. El Estado impulsó políticas para favorecer la llegada de grandes masas de gente que, si bien fueron  mucho mayores posteriormente, ya se hacían notar en esos años. Si bien venían con la ilusión de ser propietarios de pequeñas parcelas –como de hecho sucedió en las colonias del Litoral- la mayoría se vio forzada a trabajar para los grandes terratenientes latifundistas.

Los capitales fueron en su mayoría británicos. El Estado pidió  préstamos (también llamados empréstitos) que utilizó para financiar la infraestructura necesaria para el desarrollo económico. Se volcaron en el mejoramiento de las tierras, la ampliación de los alambrados, la consolidación del sistema financiero, el dragado de ríos, la adecuación de los puertos, y especialmente en la extensión del ferrocarril. 

Todos estos cambios sentaron las bases para el boom económico del modelo agroexportador que se produjo luego de 1880. Sus principales beneficiarios fueron los grandes terratenientes, en especial los de la pampa húmeda y del litoral. Las economías regionales subsistían si lograban incorporarse a los circuitos productivos que privilegiaban una vez más el puerto de Buenos Aires.

 

LA ARGENTINA MODERNA Y SU COMPLEJA INSERCIÓN INTERNACIONAL (1880-1945)

La construcción de un Estado no es una tarea sencilla. En general, las distintas sociedades han atravesado y debido superar profundos conflictos en la edificación de sus Estados y la Argentina no escapó a esa regla.

 

¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son las definiciones posibles sobre el concepto de Estado?

Muchas veces se confunde al Estado con la nación, o al gobierno con el Estado.

Podemos entender qué es el Estado a partir de un conjunto de características que le son propias. Se dice que un Estado es considerado como tal en la medida que posee:

a)                  un territorio delimitado geográficamente,

b)                  donde se asienta la población que convive según una organización jurídica determinada.

 

Allí, el Estado ejerce su autoridad y como queda dicho, esta autoridad está reglada por normas jurídicas (leyes, decretos, normas, etc.). Pero, si bien esta explicación es correcta, no nos resulta suficiente para comprender los procesos sucedidos en nuestro país.

Podemos afirmar que el Estado es también el producto de una relación social. Surge como consecuencia de determinadas circunstancias históricas que se dan en el momento de su constitución y refleja el acuerdo de diversos grupos sociales. Éstos establecen compromisos y alianzas sobre una base de intereses comunes. 

Sin embargo, la construcción del Estado fue un proceso que combinó distintas formas de establecer compromisos y alianzas: algunas formas tendieron más hacia el debate y hacia la participación de grupos o sectores sociales en esos debates; otras formas fueron netamente represivas y así consiguieron frenar oposiciones a ideas de algunos grupos poderosos y con intereses específicos acerca de qué forma organizar el Estado Nacional Argentino. En este sentido, las siete décadas anteriores (1810-1880) testimonian lo complejo y muchas veces traumático que significó la organización nacional del país.

Ahora bien, aún con todas las aristas que presentó este proceso, lo cierto es que el Estado moderno se impuso. El Estado Nacional logró la obediencia de los distintos poderes regionales al poder central, la creación de nuevas instituciones, la integración territorial y la formación de un grupo dirigente de alcance nacional. De ese modo el Estado Nacional pudo —a partir de la década de 1880—garantizar el orden necesario para encaminar al país con una visión de progreso característica de estos proyectos de unificación nacional —basadas en una organización de tipo capitalista que contenía en sí la promesa del progreso—. Conforme con esta política, se impulsó la inversión de capitales,  se contribuyó a la privatización de la tierra y se dinamizó el mercado de trabajo.

 

La configuración económica y social de la Argentina seguía los dictados que imponía la división internacional del trabajo en la etapa imperialista del capitalismo

La avidez del mercado externo por los productos agropecuarios argentinos determinó el crecimiento y desarrollo de una estructura productiva centrada en la demanda internacional.  Por los cambios en la estructura productiva, y por los conflictos en el contexto internacional, hubo en esta época grandes desplazamientos de mano de obra: el impacto de la inmigración fue tan profundo que en el curso de pocos años el crecimiento y la composición de la población variaron de manera extraordinarias. 

Pero ese Estado que impulsó tantas transformaciones representaba a los intereses de la oligarquía terrateniente.  Bajo un mecanismo que cubría las formas legales, el traspaso del poder de un gobierno a otro estaba garantizado y monopolizado por ese grupo que hacía de la política una actividad que revestía valor e interés para unos pocos.

Esa sociedad cambiaba a la par que se modernizaba y fue hallando los mecanismos necesarios para terminar con las prácticas fraudulentas que aseguraban el poder a un sector de la oligarquía. Los partidos políticos representaban intereses e ideologías muy diversos y la sanción de la Ley Sáenz Peña (1912) posibilitó el ascenso al poder sin fraude de la Unión Cívica Radical. Esto último significó el triunfo de la democracia ampliada.

Los gobiernos radicales produjeron algunas reformas económicas y sociales que favorecían a los sectores medios. Sin embargo su política se vio truncada por el golpe de Estado de 1930 producto de una alianza de los grupos conservadores —que habían sido apartados de la escena política a través de las urnas—  y de un sector del ejército.

Así se produjo el retorno de los conservadores y de las prácticas fraudulentas.

El contexto internacional también sufrió cambios. Al estallido de la primera guerra mundial que hizo trizas la idea de un progreso indefinido basado en la razón, le siguió una etapa de expansión económica que más tarde se vio ensombrecida por una crisis económica a nivel mundial sin precedentes. La década del treinta hacía su entrada en la historia. La crisis afectó a la mayor parte del planeta y las doctrinas librecambistas se hicieron añicos frente al descontrol de los mercados. Se tornaba imperioso salvar al capitalismo de la competencia feroz de los propios capitalistas: sólo el Estado podría cumplir semejante misión.

De ese modo junto al avance de las políticas autoritarias que experimentaba Europa, Estados Unidos ensayaba una modalidad de intervención del Estado en la economía que tendría sus consecuencias también en Argentina. También en nuestro país se diseñó una política económica de corte intervencionista y se impulsó a su vez la industrialización para sustituir las importaciones ante la falta de divisas. La crisis de las economías regionales produjo fenómenos migratorios dentro del territorio argentino y en especial hacia las zonas urbanas e industriales. Esos cambios fueron decisivos para la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX. 

 

El período (1880-1916): La república oligárquica

 

El triunfo del modelo oligárquico estuvo caracterizado por el funcionamiento de un régimen político republicano restringido. La Argentina se insertó en el circuito de la  economía mundial como proveedora de materias primas. Junto a las transformaciones económicas que produjo el sistema capitalista mundial en su fase imperialista en nuestro país, se estudian también los cambios sociales  generados  por la inmigración europea masiva. Asimismo se enfocan los efectos que produjeron esos cambios y la lucha que sostuvieron los distintos grupos para lograr  una mayor participación política.

En 1880, la llegada a la presidencia de Julio A. Roca y la federalización de Buenos Aires  fueron dos episodios que marcaron la consolidación del Estado argentino. También significaron el inicio de una etapa que se extendió hasta 1916 y que fue llamada “la república conservadora”. Si bien la Constitución Nacional de 1853 había establecido un régimen político basado en reglas democráticas, en la realidad se consolidó en ese período una práctica política que limitaba la participación a una minoría. De allí que este período histórico sea también conocido como “la república oligárquica”, ya que un reducido grupo –la oligarquía- ocupaba las posiciones de poder político y económico y garantizaba para sí el control de la sucesión presidencial monopolizando los cargos de gobierno.

Esta modalidad de funcionamiento del régimen político comenzó a verse amenazada cuando algunos grupos de la oligarquía quedaron desplazados de las posiciones de poder. Una alianza heterogénea cuestionó en 1890 la legitimidad de este sistema de gobierno y la consigna de elecciones limpias abrió un nuevo panorama político.

La inmigración fue una de las características sobresalientes de esta etapa y sus efectos fueron tan decisivos que el historiador José Luis Romero denominó a estos años de la historia argentina como “la era aluvial”. En su texto “Las ideas políticas en la Argentina” sostenía que: “ya hacia 1880 se advierte que le país ha sufrido una profunda mutación: es entonces cuando la era aluvial se inicia [...] El primer signo  de esta era que se inicia es, en el campo político-social, un nuevo divorcio entre las masas y las minorías. Las masas han cambiado su estructura y su fisonomía y, por reflejo, las minorías han cambiado de significación y de actitud frente a ella y frente a los problemas del país” .

La crónica escasez de mano de obra en la Argentina se complementaba con la expulsión de trabajadores que se produjo en el continente europeo.

Pero la distribución de la población inmigrante en nuestro país no fue homogénea. El asentamiento de europeos en zonas rurales fue limitado debido a las dificultades que encontraron para acceder a la propiedad de la tierra. Salvo algunas experiencias de proyectos colonizadores, predominó la gran propiedad en manos de los latifundistas.

Las grandes ciudades ofrecieron oportunidades laborales y los inmigrantes se instalaron en ellas y contribuyeron a transformarlas cuantitativa y cualitativamente. El proceso de modernización del país produjo en este sentido nuevos desafíos. Frente a la imagen que la élite intelectual y política del país había armado sobre el inmigrante, se impuso la realidad: los inmigrantes eran trabajadores que traían consigo sus experiencias políticas, laborales y sindicales. De modo tal que la cuestión social comenzó a aflorar en la medida en que los trabajadores compartían ideologías contestatarias y se organizaban sindicalmente.

Por otra parte el fenómeno inmigratorio había modificado la sociedad previa. Para el sector dirigente se tornaba imperioso argentinizar a los extranjeros y contribuir a la formación de una identidad compartida. Era el tiempo de construir la nacionalidad.

La economía mundial seguía los dictados que imponía la industrialización. El sistema capitalista mundial se expandía y las economías de las regiones periféricas ensayaban modalidades de inserción en el circuito económico liderado por los países industrializados. La economía argentina demostró ser muy dinámica en la medida que fue adaptando su  producción a las cambiantes demandas del mercado internacional. Sobre la base de una estructura productiva desarrollada en las décadas anteriores, nuestro país intensificó desde 1880 sus lazos comerciales con Europa a partir de la exportación de productos agropecuarios (carnes y cereales).

El crecimiento económico experimentado por la economía durante el período fue verdaderamente extraordinario al amparo de las ventajas que ofrecía la fertilidad de la tierra en la pampa húmeda. Así se consolidó una estructura económica  conocida como modelo agroexportador que implicó profundos cambios políticos y sociales.

Pero la revolución de 1890 puso en evidencia el malestar de distintos sectores políticos frente a la modalidad que había adquirido el régimen bajo la hegemonía del Partido Autonomista Nacional. Los sucesos que determinaron la renuncia del presidente Juárez Celman abrían un nuevo panorama. En esa coyuntura surgió la Unión Cívica, un agrupamiento de grupos heterogéneos que se habían unido reaccionando frente a las prácticas políticas ilegítimas y corruptas del orden conservador. En 1891 se produjo una división que dio origen a la Unión Cívica Radical. Se conformó como partido político y declaró la abstención en los comicios como protesta ante el fraude electoral. Desde su surgimiento hasta el ascenso al poder en 1916, el radicalismo se fue fortaleciendo cada vez más y protagonizó una decidida oposición al régimen.

Las transformaciones sociales y económicas habían contribuido a la formación de un movimiento obrero de ideologías diversas. Dentro de este movimiento obrero convivieron orientaciones tales como el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo revolucionario. Los trabajadores crearon sus propias organizaciones e hicieron conocer sus reclamos. La conflictividad social se puso de manifiesto y produjo reacciones en los sectores dominantes de la sociedad. Algunos miembros de la clase gobernante advirtieron los cambios que se habían producido y consideraron necesario ampliar el sistema político.

La sanción de la Ley 8.871 en 1912 –más conocida como Ley Sáenz Peña- marcó un giro en la historia política de nuestro país: el voto de carácter universal, secreto y obligatorio puso fin al orden conservador y permitió en 1916 el ascenso de Yrigoyen a la presidencia.

 

La Argentina en el período (1916- 1943): democracia ampliada, golpes de Estado y democracia restringida  

 

Argentina sufrió profundas transformaciones desde el ascenso de Hipólito Yrigoyen a la presidencia hasta el golpe militar del año 1943 que cerró el período conocido como la “década infame”. Entre otros temas, nos detendremos a analizar:

·                    la crisis política: -de la vigencia de la Ley Sáenz Peña a los golpes de Estado y el fraude-,

·                    los cambios económicos –el agotamiento del modelo agroexportador y el avance de la industria mediante la política de sustitución de importaciones-,

·                    los cambios demográficos como el pasaje de la migración externa a la migración interna, y

·                    la consolidación del Estado interventor. 

Para su análisis, es necesario dividir este período en dos etapas. La primera se extiende de 1916 a 1930 y la segunda, de 1930 a 1943. En la primera se encuentra la llamada “República Radical”. En ella gracias a la vigencia de la Ley Sáenz Peña, se sucedieron los presidentes provenientes de ese partido. El Golpe de Estado militar de 1930 -el primero desde la vigencia de la República- marcó el fin de esa etapa y el comienzo de la denominada “Década Infame”, que se extendió hasta un nuevo Golpe de Estado en 1943. En este período las prácticas políticas fraudulentas fueron cotidianas, lo que produjo una retracción de la democracia y de la libertad política que estuvo acompañada de otros cambios importantes en otros  planos sociales.

La República Radical (1916-1930)

 

En 1916 la Ley Sáenz Peña fue aplicada por primera vez en una elección presidencial. El triunfador fue Hipólito Yrigoyen, candidato por la Unión Cívica Radical, quien obtuvo un masivo apoyo popular. Comenzaba así una etapa de catorce años en los cuales ese partido ganaría las elecciones, por lo que el período de 1916 a 1930 pasó a la historia como la  “República Radical”. La primera presidencia del radicalismo se extendió hasta 1922. Ese año fue electo Marcelo T. de Alvear, quien concluyó su mandato en 1928. Luego, Yrigoyen fue reelecto - él lideraba un ala de la U.C.R -  pero su segunda presidencia fue interrumpida en 1930 por el primer Golpe de Estado militar.

Durante los gobiernos radicales se produjo una mayor apertura democrática y una mayor participación política, ya que, durante esos años, la Ley Sáenz Peña estuvo vigente y el voto popular fue respetado. De todas maneras, esto no impidió que se produjeran duros actos de represión contra los trabajadores:  la Semana Trágica en 1919 y los sucesos de la Patagonia Rebelde, en los primeros años de la década del 20, protestas ambas de trabajadores tanto obreros como agrarios, reprimidas violenta y drásticamente y que señalan los límites de esa apertura.

En el terreno económico, siguió vigente el modelo agroexportador. Sin embargo, se produjeron algunos cambios que anticipaban desarrollos futuros. Debido a la Primera Guerra, se frenó la llegada de productos industrializados de Europa. Eso dio lugar a un incipiente proceso de producción de bienes elaborados que tenía lugar sobre todo en pequeños talleres y fábricas ubicadas en las ciudades. Se descubrieron nuevas riquezas -el carbón en Río Cuarto, el petróleo en Comodoro Rivadavia- que fueron explotadas por el Estado y no por capitales extranjeros.

De a poco se conformaba una clase media en el marco de las transformaciones y la modernización que experimentaba el país. La inmigración extranjera seguía llegando, y las ciudades del litoral -en especial Buenos Aires- iban tomando un aspecto cada vez más europeo— modelo que los dirigentes políticos y las élites sociales querían imitar. La modernización avanzaba junto con la electrificación y las nuevas formas de transporte -el subterráneo, el tranvía y más tarde el colectivo- y los distintos barrios iban adquiriendo características propias.

 

El golpe de Estado de Uriburu

 

Occidente comenzaba a reponerse de los efectos de la Primera Guerra Mundial en la década de 1920. Pero a su fin sufrió un nuevo y durísimo golpe: una tremenda crisis económica, conocida como “la Gran Depresión”, marcó toda la década siguiente. El 24 de octubre de 1929, el “jueves negro”, quebró la Bolsa de Valores de Nueva York, que posteriormente arrastró al resto de los centros financieros de todo el mundo. Esto produjo una baja en la producción y el comercio internacional y un fuerte aumento de la desocupación.

Para resolver la situación, los distintos gobiernos optaron por la aplicación de políticas económicas intervencionistas, tales como la creación de puestos de trabajo, la nacionalización y la participación estatal en las empresas, los controles de precios y salarios, etc. De esta forma, en la década del 30, el liberalismo entró en una fuerte crisis tanto en el plano económico como en el plano político –recuerde lo que presentamos en el punto 1. Nuestro país no escapó a esta situación, y esa doble crisis marcó el desarrollo de los años siguientes.

El 6 de septiembre de 1930, el general Uriburu derrocó al presidente Yrigoyen. Este fue el primer golpe de Estado protagonizado por las Fuerzas Armadas desde la vigencia de la Constitución. Así se iniciaba una práctica recurrente que atravesó y condicionó gran parte de la historia argentina del siglo XX. En el terreno económico, los cambios en el mercado internacional produjeron un deterioro del modelo agroexportador y la consolidación de la industria gracias a acciones proteccionistas que encaró el Estado.

 

El período (1930-1943): Política y sociedad en la década infame. El “fraude patriótico”

 

Un nuevo período histórico se inició con el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 y concluyó con un nuevo golpe de Estado el 4 de junio de 1943. Esos años de gobiernos que alcanzaron el poder a través de golpes de Estado  o de elecciones fraudulentas son conocidos como “La década del 30”, o “La Década Infame”. Esta última denominación responde al difícil clima político violento y represivo de la época, que llegó a incluir un asesinato dentro del Senado.

En los primeros años de la década, durante el gobierno de facto, se enfrentaron dos proyectos distintos. El primero de ellos, el derrotado, era sostenido por el general Uriburu y proponía el establecimiento del corporativismo en nuestro país. El segundo, el triunfante, fue sostenido por Agustín P. Justo y la coalición política que lo apoyaba, llamada la Concordancia. Se proponía mantener al sistema democrático legal en sus aspectos formales, pero violarlo en las acciones concretas mediante la proscripción de los partidos populares como el radicalismo y el comunismo, la compra de votos, el fraude electoral –llamado entonces “fraude patriótico”-, la represión a los sectores sociales que cuestionaban el sistema como el movimiento obrero, entre otras.

El gobierno de Justo, entre 1932 y 1938, se basó en esta política. Al acercarse la década del 40, esa estrategia empezó a mostrar su debilidad.  El dirigente conservador Rodolfo Moreno afirmaba: “La situación espiritual del país ha cambiado; la masa popular [...]vuelve a sus viejos amores demagógicos y amenaza con restablecer el sistema materialmente derrotado[...]. Las fuerzas gobernantes sienten la proximidad del peligro y recurren a los medios vedados por la ley para no perder posiciones...” En 1938 llegó a la presidencia Roberto Ortiz, que impulsaba un proyecto favorable a una democratización del sistema político “desde arriba”. Pero en 1940, Ortiz tuvo que retirarse del poder y asumió su vicepresidente, Ramón Castillo, quien no veía con buenos ojos las propuestas de su antecesor. El retorno de la política conservadora más pura, junto al clima político internacional –la Segunda Guerra Mundial- dieron lugar al golpe de Estado de 1943 que puso fin a esta etapa.

 

El Estado interventor, la industrialización sustitutiva y las migraciones internas

 

El período de entreguerras fue una etapa de grandes cambios para nuestro país. Estos empezaron a manifestarse durante la República Radical, se intensificaron en la década del 30, y dieron como resultado que la Argentina de 1943 fuera cualitativamente diferente a la de 1916.

En la Argentina, como en gran parte del mundo también el Estado liberal dio paso al Estado interventor. Cada vez más, el Estado comenzó a tomar partida en nuevos asuntos, por lo que se ampliaron sus acciones y se hicieron también más complejas. Intervino como mediador en los conflictos sociales, implementó políticas para paliar la crisis y creó puestos de trabajo. En el plano económico, la producción dejó de regirse por el libre juego de la oferta y la demanda y dio lugar a la planificación mediante las llamadas “Juntas Reguladoras” en las que el Estado ocupaba un lugar importante.

Otra modificación que se produjo durante este período tuvo que ver con las migraciones internas. Junto con la disminución de la cantidad de inmigrantes extranjeros, se produjo el desplazamiento de grandes masas de población dentro de los límites nacionales. Los espacios rurales y semirrurales fueron fuertemente afectados por la crisis agropecuaria, y se convirtieron en importantes zonas expulsoras de población. Las grandes ciudades del litoral, y en especial sus suburbios, fueron los grandes receptores. Los cordones suburbanos se ampliaban día a día y en ellos se asentaron los nuevos habitantes, que intentaban lentamente la conquista de las ciudades.

 

EXPANSION Y CRISIS DEL ESTADO POPULISTA (1946-1999)

 

La década peronista (1943-1955)

 

Los años que marcan el inicio y finalización de esta etapa  están dados por dos golpes de Estado: el del 4 de junio de 1943, que derrocó al presidente Ramón S. Castillo y que abrió paso a Perón en su acceso al poder,  y  el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, que terminó con su segunda presidencia. En esos doce años tuvo lugar un proyecto de transformación de la sociedad que logró volverse hegemónico. Cualquiera sea la valoración que de él se haga, es innegable que la Argentina de comienzos de la década de los 40 y la de fines de los 50 era cualitativamente diferente ya que se produjo una redefinición del Estado y de la relación que se estableció entre éste y las clases sociales. El Estado intervenía en la economía, a través  de políticas sociales reorientaba y redistribuía recursos, incorporaba a los trabajadores como consumidores y ciudadanos.      Durante el peronismo se produjo la irrupción de las masas en la política. La manifestación popular del 17 de Octubre de 1945 marcó un salto en este proceso. Desde entonces, miles de personas que habían estado ausentes de la política del país tomaron un rol protagónico.

La ampliación de la participación política era un proceso que se venía produciendo en Argentina desde hacía tiempo. Pero hasta entonces ésta era sólo numérica. Para ser ciudadano, alcanzaba con ser nativo, varón y mayor de 18 años.

La diferencia que se produjo en el peronismo tuvo que ver con el surgimiento de nuevas formas de inclusión. En ese período los nuevos sectores que irrumpieron en la política fueron principalmente los obreros y las mujeres, que obtuvieron el derecho a voto en esos años.

            Junto a este proceso de inclusión, se crearon nuevas formas de participación. Ya no sólo se debía votar y concurrir a los mitines, sino que también se participaba mediante movilizaciones, actos masivos y discusiones en todos los ámbitos –desde los lugares de trabajo hasta las mesas familiares. Los medios masivos de comunicación -en especial la radio y el cine- también aportaron en este sentido. Se puede sostener que en la Argentina de aquellos años “todo era político”.

Durante el peronismo, el Estado interventor de la década del 30 dio paso al Estado benefactor. Este fue un fenómeno típico de la posguerra en casi todo el mundo, y se caracteriza por un Estado muy fuerte y presente que no sólo interviene en distintos temas económicos y sociales –como en la etapa anterior-, sino que sobre todo se ocupa de brindar múltiples servicios sociales a los habitantes y de llevar a cabo políticas redistributivas de la riqueza. Como contrapartida, esto favorece la burocratización y el protagonismo de las corporaciones –como las organizaciones empresariales y obreras- en desmedro de las instituciones democráticas liberales.

Este tipo de Estado también se desarrolló en América Latina y ha sido definido como Estado Populista[2]. Sus características son:

·                    El desarrollo industrial se sostiene gracias a la transferencia recursos que recibe del sector agrícola y a la protección arancelaria y el apoyo al sector mediante créditos. La industrialización se centra en la sustitución de importaciones en una economía semicerrada (esto es, protegida). 

·                    El Estado cumple una función reguladora en la economía interviniendo y/o participando en la producción.

·                    El Estado es distribucionista ya que aumenta la participación de los asalariados a través del aumento salarial real o bien mediante el salario indirecto (asignaciones familiares y sociales que cubren distinto tipo de riesgos y necesidades).

·                    El Estado aparece como árbitro de los conflictos entre las clases sociales. El mundo del capital y el del trabajo establecen una especie de compromiso que incluye la aceptación del Estado como mediador.

·                                En el plano económico, el Estado peronista –como forma del Estado benefactor- llevó a cabo una fuerte política de nacionalización de empresas y servicios que hasta entonces estaban en manos de particulares extranjeros. El caso más conocido es el de los ferrocarriles en 1947.

Además, el Estado tomó la función de impulsar y regular la economía. Se abrieron una serie de emprendimientos económicos –como la construcción viviendas por el Banco Hipotecario Nacional- y se creó el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), cuya función era estimular y orientar el comercio y la circulación económica. Se desarrolló así una política favorable a la pequeña y mediana producción nacional mediante el otorgamiento de créditos y la protección aduanera.

            En el plano social, el Estado fue el garante de la obtención de los derechos sociales por lo que había luchado la clase obrera desde sus orígenes. Así, el peronismo se presentaba comprometido con la lucha por alcanzar la  Justicia Social. Artículos constitucionales, leyes, decretos y estatutos establecían derechos sociales y condiciones laborales dignas como el uso de licencias, el aguinaldo y la jubilación. La sanción del Estatuto del Peón de Campo en 1944, que ponía límites a la explotación a la que era sometido el trabajador rural, fue vivido como una gran conquista social. La Fundación Eva Perón desarrolló importantes planes de acción social diferentes a la beneficencia previa, y el Ministro de Salud Pública, el Dr. Ramón Carrillo, amplió la capacidad de la atención hospitalaria y dio importantes avances en medicina social preventiva.

En el plano económico, el peronismo impulsó una política basada en la expansión del mercado interno. Desde comienzos del siglo XX, y más aún luego de las crisis de la Primera Guerra y la de Depresión de 1930 se fue profundizando la industrialización. El encarecimiento de los productos importados y la falta de divisas para importar favorecieron ese proceso.

Para que el mercado interno pudiera expandirse y volverse la base del modelo económico se precisaban dos elementos. Por un lado, productos a consumir; por el otro, consumidores. Lo primero se obtuvo mediante un nuevo y fuerte estímulo a la industrialización: durante la década peronista, se expandieron ramas de producción de bienes de consumo liviano y semiliviano como las textiles y los metalmecánicas –automotores, electrodomésticos, etc.-, que rápidamente circulaban en el mercado interno. Este proceso estuvo estimulado por el accionar económico del Estado benefactor, quien tenía un fuerte control del sistema.

El desarrollo de consumidores se obtuvo mediante una política de mejoras e incrementos salariales para la población en una situación de pleno empleo. De esta forma, las masas contaron con recursos para estimular y participar en los circuitos comerciales del mercado interno. Este proceso se vinculaba con el accionar social del Estado benefactor, que les permitía contar con dinero para consumir al no verse obligados a gastar todos los ingresos en la satisfacción de las necesidades básicas.

Si bien este modelo económico estuvo presente en todo el período, es posible identificar diferencias entre los dos gobiernos peronistas.

Junto a los cambios que venimos presentando, el peronismo desarrolló también nuevas formas de entender y hacer política en la Argentina que pusieron en cuestión la forma liberal que había imperado hasta entonces.

Como ya sostuvimos, la característica distintiva de la política peronista fue la irrupción de las masas. En ese entonces, la política dejó de ser un problema de unos pocos, para volverse un tema de las mayorías. Pero esto no se hizo dentro del modelo previo –la obtención de la ciudadanía que obligaba a votar cada tanto tiempo-, sino por una mayor participación activa. Se constituyó un nuevo perfil del ciudadano entre los militantes peronistas: ahora éste fue movilizado, politizado, organizado y disciplinado.

El 17 de Octubre de 1945, fecha fundadora del peronismo, señaló estos cambios. Grandes masas de sectores populares concurrieron a la Plaza de Mayo con una demanda concreta: lograr la libertad de su líder. Al terminar la jornada, con el triunfo obtenido, Perón, se convirtió en el intérprete de las demandas de la masa. Esa comunicación debía ser continua, y se llevaba a cabo preferentemente en las manifestaciones y concentraciones. A su vez, la mediación de Eva Perón tuvo un rol principal en esa relación, ya que se presentaba como el canal de comunicación entre ambas partes.

Durante el segundo gobierno, la crisis del modelo económico y la muerte de Eva fortalecieron los elementos autoritarios de la propuesta, y se avanzó en lo que Perón llamaba “el adoctrinamiento”. Se buscaba una total adhesión al régimen por parte de toda la población y controlar a toda la sociedad. La oposición fue perseguida y silenciada, y una serie de hechos violentos marcaron el ritmo de la política de los últimos años del gobierno.

El Golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, la autodenominada “Revolución Libertadora”, se basó en el descontento producto de esta situación y destituyó al gobierno constitucional. Comenzó entonces una política que buscaba “reordenar” a la Argentina dentro de los viejos modelos. Nos ocuparemos de eso en la unidad siguiente.

 

Crisis política e inestabilidad económica (1955-1983)

 

Esos años estuvieron marcados por múltiples cambios que se produjeron a nivel mundial. Se pasó de la expansión económica capitalista  a una etapa marcada por la crisis y la incertidumbre, de un mundo signado por el enfrentamiento de los años de la Guerra Fría, al hundimiento del socialismo y la desintegración de la Unión Soviética. El dinamismo que se experimentó  en esta etapa impactó también en la Argentina de modos diversos.

En nuestro país, el golpe de Estado que desplazó al gobierno peronista en 1955 produjo una marca significativa en la historia política argentina. Como ya hemos estudiado, la interrupción de un gobierno constitucional no era una práctica desconocida, era la tercera experiencia  en veinticinco años. Sin embargo, los efectos que provocó marcaron profundamente la historia de las décadas siguientes. La posibilidad de construir un orden político estable se tornó imposible por largas décadas. La legitimidad democrática de todos los gobiernos que se sucedieron en el período no tenía valor, ya que los gobiernos que se constituyeron a través de golpes militares llegaron al poder por la fuerza, y los gobiernos civiles alcanzaron el poder mediante elecciones en las que la fuerza política mayoritaria –el peronismo- estaba proscripta.

Apartar al peronismo del escenario político-electoral era un objetivo que se complementaba con la búsqueda  de un reordenamiento de la sociedad y de la economía que la experiencia peronista había trastocado.

Esa situación intensificó los conflictos sociales que se agudizaban cada vez más en la medida en que buscaban resolverse por fuera de los canales establecidos  por la Constitución y las instituciones democráticas. Paralelamente, en el transcurso de estas décadas, las Fuerzas Armadas con el apoyo de algunos sectores sociales asumieron el rol de tutela de una sociedad marcada por prácticas autoritarias y poco acostumbrada a regirse por mecanismos constitucionales.

El objetivo central del gobierno de la Revolución Libertadora fue reordenar la sociedad y la economía mediante la “desperonización” de la sociedad. Esta era una operación que no sólo incluía medidas represivas hacia quienes manifestaran adhesión al peronismo, sino que también  expresaba una voluntad de cambio en la relación que se había desarrollado entre el Estado y la sociedad durante la etapa peronista. La proscripción del peronismo significó una operación que abarcó desde la represión político-ideológica hasta fusilamientos como los que ocurrieron en junio de 1956.

Las distintas fuerzas políticas también recibieron los efectos de ese clima confrontativo. La antinomia peronismo-antiperonismo produjo divisiones y fracturas dentro de los diversos partidos y agrupaciones ya que surgían diferencias respecto al ciclo que había inaugurado la Revolución Libertadora. Esto acompañaba las tendencias internacionales que incluían la integración y liberalización de las relaciones económicas en el mundo capitalista dentro del marco de la guerra fría, y condujo a la transformación del aparato productivo y de la economía en general.

Los mecanismos constitucionales de elección presidencial se hicieron efectivos en febrero de 1958. Triunfó la fórmula de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) compuesta por Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. 

Frondizi no llegó a completar su mandato ya que fue depuesto en marzo de 1962 por las Fuerzas Armadas. Los años de su gobierno estuvieron marcados por los problemas políticos y económicos heredados de los tiempos de la Revolución Libertadora y el rol de tutela de la sociedad que asumieron las fuerzas militares. Pero la agudización de los enfrentamientos no sólo respondían a los conflictos de orden interno que permanecían irresueltos, también se sumó el clima de la guerra fría y  en particular el impacto que la revolución cubana tuvo en Latinoamérica.

Una vez depuesto por las Fuerzas Armadas, Frondizi fue reemplazado de acuerdo a lo que prescribía la ley de acefalía por lo que asumió  José María Guido, hasta entonces presidente provisional del Senado. Durante la presidencia el sistema democrático se sostuvo formalmente, aunque en verdad eran las Fuerzas Armadas las que gobernaban. Fue un período signado por la inestabilidad política y las propias FFAA se vieron arrastradas por divisiones internas.

La división que había producido la antinomia peronismo-antiperonismo en la sociedad argentina también afectó a las Fuerzas Armadas y ello quedó demostrado en el enfrentamiento entre “azules” y “colorados”:

En julio de 1963 se realizaron nuevas elecciones. La posibilidad de que los peronistas integrasen un frente junto a otros partidos fue abortada, y continuó proscripto. La UCRP, con la fórmula Illia-Perette, fue el partido ganador con el 25,15 % de los votos. Esto hizo que su gobernabilidad se viera cuestionada, no sólo porque el caudal de votos no era lo suficientemente representativo respecto de la totalidad, sino también porque la segunda fuerza fueron los votos en blanco, que sumaron el 19,42%.

Finalmente un nuevo golpe militar derrocó al gobierno de Illia el 28 de junio de 1966.

Una nueva dictadura (el gobierno de la Revolución Argentina, bajo la presidencia del gral. Onganía) se inició de la mano de las Fuerzas Armadas. Pero en esa oportunidad –y a diferencia de las anteriores- las tres fuerzas actuaron conjuntamente y no plantearon plazos para abandonar el poder. Ello sólo iba a ser posible una vez reorganizada la economía y la sociedad. La represión de actividades políticas y la imposibilidad de encontrar mecanismos institucionales para resolver conflictos agravaron los enfrentamientos y profundizaron el uso de la violencia. Una lógica de confrontación se imponía y los adversarios dejaban de serlo para transformarse en enemigos.

En mayo de 1969 estalló en la ciudad de Córdoba una rebelión social que marcó una ola de movilización que se prolongó a lo largo de los años siguientes.

El Cordobazo se convirtió en un símbolo de las luchas sociales y fue el inicio de un  proceso de agudización de los conflictos que se habían estado desarrollando en la sociedad argentina. A lucha contra el autoritarismo desplegado por el gobierno de la Revolución Argentina se unía otro motivo: el cuestionamiento al modelo económico que incluía una fuerte participación de los capitales extranjeros.  También expresó el clima social y político de la época.

El mundo se conmovía con los sucesos desarrollados en “La Primavera de Praga”, “El Mayo Francés”, “La Guerra de Vietnam”, “La Revolución Cultural China”, entre otros. Estos hechos y procesos históricos tenían en común el protagonismo de los jóvenes, la lucha contra los poderes establecidos, los intentos de profundizar las transformaciones sociales. Los conflictos se expresaban a partir de cuestiones económicas, políticas, sociales, generacionales, etc. Una verdadera revolución social y cultural estaba transformando no sólo la política sino también las vidas cotidianas. En América Latina, la Revolución Cubana en 1959 mostraba que el socialismo era posible en el continente, y tensó la situación política de las otras naciones.

Onganía fue reemplazado por el gral. Roberto M. Levingston en julio de 1970, quien estuvo al frente del gobierno hasta marzo del siguiente año, cuando lo reemplazó el Gral. Lanusse luego de un nuevo episodio de protesta social en Córdoba conocido como “El Viborazo”.

El gobierno del gral. Lanusse cerró la experiencia de la Revolución Argentina y demostró la imposibilidad de las Fuerzas Armadas para cumplir con los objetivos que se habían propuesto. De este modo buscó negociar una salida con las fuerzas políticas y sociales y se presentó como partidario del restablecimiento de la democracia.

Finalmente, luego de diecisiete años de exilio, Perón retornó a la Argentina. El peronismo se presentó a las elecciones de marzo de 1973 integrando una alianza con otros partidos denominada Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). La fórmula presidencial no incluía a Perón debido a que Lanusse puso trabas a su candidatura. Los candidatos fueron Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima quienes resultaron ganadores con el 50% de los votos, aproximadamente.

Perón asumió la tercera presidencia pero murió el 1 de julio de 1974. Su esposa María Estela Martínez —quien era entonces vicepresidente de la República— lo sucedió en el cargo hasta que se produjo el golpe militar el 24 de marzo de 1976.

A lo largo de la historia, el Estado fue sufriendo diversas transformaciones. Como vimos anteriormente, al Estado interventor surgido de la crisis capitalista de los años treinta se le sumaron en la década del cuarenta instituciones y modalidades propias de un Estado benefactor. Si bien éste tuvo una de sus mayores expresiones con el peronismo no desapareció con la Revolución Libertadora.

Las grandes discusiones de política económica de todo el período tuvieron que ver con la oposición entre privilegiar el desarrollo del mercado interno o fortalecer el vínculo con los mercados internacionales, con profundizar la industrialización o estimular las exportaciones tradicionales. Por eso hubo etapas marcadas por políticas distributivas y otros por políticas que propiciaron la concentración, pero ninguna ha sido ajena a la relación de fuerzas dentro de la sociedad.

El golpe de Estado de 1976 se produjo en medio de una grave crisis política y económica. Los conflictos sociales que habían permanecido irresueltos, las prácticas políticas cargadas de autoritarismo, las dificultades para procesar los conflictos entre los diferentes grupos y sectores, y los cambios en el contexto internacional encontraron una respuesta el 24 de marzo de 1976. Esa fecha se constituyó en un símbolo en la medida que significó el cierre de una etapa y el comienzo de otra.

Los procesos históricos maduran en el tiempo. Así la sociedad argentina ingresó en una de sus períodos más

traumáticos a partir de que el denominado Proceso de Reorganización Nacional asumió el control de la República. Desde entonces se inició una época que distintos investigadores han caracterizado como “disciplinamiento social”. Los sectores en el poder sostenían que la crisis que atravesaba la Argentina era producto de una sociedad que se había desbordado. Por eso las Fuerzas Armadas diseñaron un plan que transformaría de raíz esas “deformaciones” propias de un modelo populista. Los instrumentos para corregir y disciplinar a la sociedad formaron parte de un proyecto político que incluía la represión de la sociedad y el terrorismo de Estado.

El reordenamiento político estaba acompañado por el económico. El mercado asumió un rol central y por lo tanto se redujo el carácter benefactor del Estado. La política desarrollada por el gabinete de Martinez de Hoz (ministro de Economía durante el gobierno de Videla) buscó refundar la economía y la sociedad argentinas en el marco de la crisis capitalista mundial iniciada en 1973.

Para los países como el nuestro el panorama abierto por aquella crisis significaba el agotamiento de un modelo basado en la industrialización sustitutiva, el pleno empleo, el Estado benefactor y el crecimiento (social, sindical, político) de la clase obrera. Pero en 1976, a diferencia de experiencias anteriores, ya no se trataba de producir modificaciones dentro de un modelo sino por el contrario de transformar de raíz las estructuras de la sociedad argentina.

Al concluir en 1983, la última dictadura militar dejó marcas terribles: exiliados, torturados, desaparecidos y muertos en combate en la guerra de Malvinas así como miles de personas expulsadas del mundo del trabajo producto de las políticas económicas implementadas en esos años. La restructuración económica y social también debe contabilizarse ya que dejó una pesada herencia para los gobiernos constitucionales que asumieron desde 1983.

El incremento que experimentó la deuda externa argentina es un dato central del período. Su origen está vinculado con los cambios que sufrió la economía mundial a partir de la década del setenta. Contribuyeron a su crecimiento el tipo de inserción de la Argentina en el mercado mundial, típica de un país dependiente, así como el protagonismo de las empresas de capitales extranjeros en la economía nacional y del capital financiero que circulaba en los mercados internacionales[3].

El endeudamiento creció en primer término como consecuencia de los créditos otorgados a empresas privadas. En los años ´80, fue el Estado el que se endeudó.

Al comenzar 1982, la dictadura se encontraba en crisis. Por un lado, se habían intensificado sus enfrentamientos internos, la economía se mostraba débil, y el descontento de las organizaciones sociales iba en aumento.

 El 30 de marzo de ese año, la CGT Brasil, que englobaba a los sectores opositores, realizó una movilización con cierto éxito que terminó con una fuerte represión. Dos días más tarde, el país amanecía con la noticia de la recuperación de las Islas Malvinas. Este era el último manotazo del ahogado. En ello el gobierno se jugaba el todo por el todo. Su triunfo le garantizaría largos años en el poder, y su derrota el abandono inmediato. Lo que se supuso una empresa sencilla se convirtió en una guerra contra una potencia central, y dio por resultado una derrota estrepitosa, la muerte de cientos de jóvenes y el desprestigio total del gobierno.

Junto a esto, los organismos de derechos humanos se habían fortalecido. A pesar de la terrible represión que habían sufrido, su prédica comenzaba a ser escuchada por una sociedad que salía del terror y de la negación de esa experiencia. Las presiones internacionales iban en aumento, y numerosas personalidades se sumaban a esa lucha.

En ese marco, la dictadura intentaba cerrar su experiencia de la forma menos costosa posible, e impedir toda revisión sobre su accionar. Pero había  sectores decididos a impedirlo. A mediados de 1982 se levantó la veda política, y los partidos mayoritarios conformaron la Multipartidaria, que exigía el llamado a elecciones. Esta realizó una importante manifestación en diciembre de ese año, que también culminó con actos represivos.

Las elecciones se llevaron a cabo finalmente unos meses más tarde, el 30 de octubre de 1983. En ellas se impusieron los candidatos de la UCR, Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, quienes asumieron el poder el 10 de diciembre de ese año.

Entre 1994 y 1999 se sucedieron el gobierno de Alfonsín y los gobiernos de Menem. Si bien en esos años se afianzó  el Estado de derecho, en el plano económico y social no lograron torcer el rumbo de las políticas iniciadas en la última dictadura militar. En particular durante la etapa menemista se consolidó una política económica que benefició a los sectores más concentrados y desplazó a vastos sectores de la población del mercado de trabajo siguiendo las recetas proclamadas por el neoliberalismo y los dictados de los organismos financieros internacionales.



[1] Este material se compuso a partir de una síntesis de las Guías de Estudio de Historia B que ofrece el Proyecto Adultos 2000 de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por los textos teóricos y libros de texto que allí se citan.

* Ansaldi, Waldo: Soñar con Rousseau y despertar con Hobbes: una introducción al estudio de la formación del Estado nacional argentino.  En Ansaldi W. Y Moreno J.L.: Estado y sociedad en el pensamiento nacional, Ed. Cántaro, Buenos Aires, 1989.

[2] Tomamos esta caracterización de Tarcus, Horacio “La crisis del Estado populista. 1976-1990”, en Revista Realidad Económica, Nº 101, segundo semestre de 1992.

[3] Paz, P.:  Proceso de acumulación y política económica. En: Paz, P. y otros: Crisis de la dictadura argentina, Siglo XXI, Bs. As.,  1985.